ECONOMÍA Y CAMPO
La PAC perjudica al vacuno de leche de León al penalizar el modelo asociativo
La provincia perderá ayudas al no considerarse el número de socios de las granjas

León sufrió un importante cierre de granjas, que compensó el aumento de su tamaño
La aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), que se aprobará de manera definitiva en el Consejo de Ministros del día 19, perjudicará de manera especial al vacuno de leche leonés porque «penaliza el modelo asociativo», señaló el secretario general de Asaja en León y en la comunidad autónoma, José Antonio Turrado. El responsable de la organización agraria apuntó que olvidar sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes, cooperativas y otras figuras resulta aún peor que establecer el número máximo de vacas para cobrar el 100% de la ayuda en 75.
El modelo de aplicación, que resultará de las indicaciones de la Comisión Europea a los proyectos de real decreto del Gobierno central, es «tremendamente injusto», juzga Turrado, porque castiga a los ganaderos «mejor organizados».
Turrado explicó que con los nuevos criterios ya no es posible que se contabilicen las primeras reses de cada socio, «como se hacía hasta ahora» en explotaciones de carácter familiar. Así a dos hermanos que formaban una cooperativa «les contaban las primeras 70 vacas» de cada uno.
En cuanto al número de vacas establecido para cobrar el total de la ayuda, Turrado señala que establecer un número u otro supone que la ayuda sea mayor o menor en función del número de reses elegido, habida cuenta de que el presupuesto para repartir «es el mismo». En cualquier caso, las explotaciones leonesas disponen, por lo general, de más reses.
«El ministerio siempre podrá decir que también es cierto que las ganaderías mejor dimensionadas, más grandes, son más viables», indicó. En su opinión, el modelo «beneficia a Galicia, que tiene más ganaderos».
Turrado apunta que el sector, al margen de «presentar alegaciones, que no van a salir adelante, visto que la consejera no ha conseguido cambiar la postura del ministerio», no tiene otro remedio que protestar por la situación.
Con respecto a la flexibilidad en la aplicación de la figura del agricultor activo —se introduce una salvedad a recibir el 20% de los ingresos de la agricultura y la ganadería—, Turrado señaló que la definición del profesional «se mantiene igual de bien y de mal que antes» y anunció los problemas que van a surgir en el campo leonés por «mantener la obligación de facilitar el DNI de los propietarios de las tierras que se trabajan» para acceder a las ayudas de la PAC, en una provincia con poca disponibilidad de suelo agrícola, «con falta de contratos escritos». Turrado reconoció que la medida redunda «en beneficio de la transparencia» fiscal de los arrendamientos, pero indicó que transcurrido un tiempo se podrán evaluar sus consecuencias.
Otro tema que preocupa en Asaja son los peajes impuestos en las transferencias de derechos a la reserva nacional. Éstos se sitúan en el 20% y no en el 30% que se había previsto en un principio, pero critica que se apliquen entre profesionales del sector, «cuando antes eran simbólicos y fortaleció al agricultor a título principal».