tribunales
La Fiscalía pide dos años y medio para Alonso por arrasar restos del Neolítico
El Ministerio Público exige que el empresario pague 14 millones de indemnización.
Exterior de la cueva de Chaves, en la que se encontraba el yacimiento.
El empresario leonés Victorino Alonso responderá ante la Justicia por la comisión de un presunto delito contra el patrimonio por la destrucción en el otoño de 2007 del yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves, en el municipio de Casbas de Huesca, donde se ejecutaron unas obras por orden de Alonso en el coto de caza denominado Bastarás, según aprecia el juez instructor, que supusieron la ruina de unos restos del Neolítico de relevancia nacional. La Fiscalía solicita en su escrito de acusación dos años y seis meses de prisión y fija en 14 millones de euros la indemnización que habrá de abonar al Gobierno de Aragón por los daños causados, cantidad que reflejan técnicos de esta comunidad autónoma en informes periciales.
Por su parte, Ecologistas en Acción pide para el empresario minero tres años de prisión por un delito contra el patrimonio y otros tantos por otro ambiental, pese a que no apreciara éste el juez instructor y tampoco haya contemplado la Audiencia Provincial de Huesca en el recurso que siguió al auto en el que se instaba a las partes a formular acusaciones o solicitar el sobreseimiento de la causa.
La organización conservacionista solicita 50,9 millones en concepto de reparación de daños, según el informe que elaboró el especialista Vicente Baldellou, ya fallecido, que dirigió las excavaciones que se habían realizado en la cavidad y fue director del Museo Arqueológico de Huesca. El letrado de Ecologistas en Acción, Pablo Malo espera probar en la vista oral que existió además delito ecológico, ya que la cueva se encuentra en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, «en el que construye pistas de considerable anchura y represas sin autorización del Gobierno de Aragón. Además, la primera denuncia es del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil».
Las otras acusaciones
Si bien el abogado señaló que el Gobierno de Aragón había renunciado a la acción penal y sólo reclamará la responsabilidad del supuesto ilícito tras haber desempeñado un «papel activo durante la instrucción», desde su Departamento de Cultura se aseguraba ayer haber exigido responsabilidad penal y civil.
Por su parte, la Asociación Pública en Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), que también ejerce la acusación particular, aún no ha presentado su escrito de acusación, si bien su abogada, Pilar Villellas, declaró ayer que centrará sus esfuerzos en demostrar que el empresario cometió un delito contra el patrimonio al destruir un importante yacimiento, situado en el entorno de las cuevas de Solencio, declaradas Bien de Interés Cultural.