EMPRESAS EN CRISIS
El abandono del Gobierno empuja a la Vasco al preconcurso de acreedores
Casi todos los 400 trabajadores vuelven al paro un año después del último erte
Trabajadores de la Vasco concentrados en recuerdo de los seis mineros fallecidos el pozo Emilio del Valle por un escape de grisú
El abandono que desde hace ya años vive el sector del carbón, agudizado desde el comienzo del actual ejercicio con la eliminación de cualquier norma que regule el sector; y la indiferencia de la Administración hacia la problemática de una actividad abandonada al incumplimiento incluso de las leyes firmadas por el Gobierno, ha roto finalmente la capacidad de resistencia de una de las que fue empresas más saneadas de la minería. La Hullera Vasco Leonesa solicitó ayer al Juzgado de lo Mercantil de León el preconcurso de acreedores, en un intento de evitar que los incumplimientos de Ejecutivo y eléctricas la aboquen a una situación concursal necesaria que impida que pueda intentar gestionar por sí misma la refinanciación de sus deudas y la lleve definitivamente a la liquidación.
La falta de respuestas ha empujado también a la sociedad a paralizar su actividad, por lo que desde ayer negocia con los agentes sociales un nuevo expediente de regulación de empleo, que entrará en vigor este mismo mes de marzo, y afectará previsiblemente a la práctica totalidad de la plantilla (una media de 400 trabajadores en el último año), salvo aquellos turnos encargados del mantenimiento de las infraestructuras mineras.
Ambas circunstancias fueron comunicadas ayer por la empresa cotizada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), junto con el balance semestral de la compañía, que deja las pérdidas registradas en el último año en 8,8 millones de euros, frente a los 37,353 millones de 2013. La cifra de negocio de la hullera fue de 62,5 millones, 15,5 millones menos que en el ejercicio anterior; mientras que las ventas fueron de 455.240 toneladas de mineral, frente a las casi 775.000 de 2013.
Incumplimientos
En su última junta de accionistas, la empresa minera hace repaso a la situación de los últimos doce meses: retraso en el pago de las ayudas de 2013 (que ya habían dejado gravemente tocada su situación financiera); retraso también en la convocatoria de ayudas de 2014 (que tras no pocos tropiezos se aprobó finalmente en 2015 y está aún pendiente de pago, incluso en la mermada cuantía que implica el incumplimiento de las cantidades a suministrar pactadas). Y, sobre todo, y pese a los reiterados llamamientos del sector, la realidad de que el 31 de diciembre concluyó la vigencia del procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro, que obligaba (al menos en teoría, aunque no se cumplió en la práctica) a las empresas eléctricas a consumir carbón nacional en sus centrales térmicas, en unas cantidades y precios fijados por ley por la Secretaría de Estado de Energía.
No sólo no se cumplió el mecanismo anterior, sino que a punto de abordar el último tramo del primer trimestre de 2015 aún no hay pistas de cuál será el supuesto mecanismo que desde hace meses tiene encomendado diseñar Red Eléctrica Española para garantizar el consumo de carbón autóctono que fija por ley el marco de actuación del sector. Tampoco hay señales de la decisión de las empresas eléctricas sobre la inversión que tienen que llevar a cabo para cumplir con la directiva medioambiental que exige la Unión Europea, en período de prórroga y próximo a finalizar. Y que es la base sobre la que se asienta la posibilidad de generar electricidad con carbón de las cuencas nacionales.
Lo que está claro es que fiar a la voluntad de las empresas (mineras y sobre todo eléctricas) el futuro de los contratos de carbón nacional ha hecho aguas en algunos casos antes incluso de tener que entrar en vigor.