Trece años de un proyecto que mantiene a la montaña en un compás de espera
El proyecto del complejo invernal de San Glorio ha sido objeto de polémica desde su planteamiento inicial hace más de 13 años, un periodo en el que defensores y detractores de la estación han esgrimido sus argumentos en pro y en contra de la iniciativa.
Frente al apoyo de los alcaldes y parte de la población de la montaña palentina y leonesa, las organizaciones conservacionistas y la Plataforma en Defensa de San Glorio han defendido un modelo de desarrollo sostenible para la comarca basado en la puesta en valor de los recursos naturales.
Tras esta última victoria judicial, los conservacionistas recuerdan sus propuestas, planteadas en 2010 como un ambicioso plan para el desarrollo socioeconómico de la zona, que, aseguran, fueron «muy bien recibidas en el territorio» pero con nulo eco en las administraciones.
La cuestión es que, tras más de una década, ni lo uno ni lo otro han llegado a la montaña leonesa, como remarca el abogado Carlos González Antón, el letrado que ha llevado el proceso judicial contra el proyecto de San Glorio. «La montaña de León no puede estar sometida a esta incertidumbre y se merece que se trabaje para encaminar la zona a un futuro cierto y compartido por todos», señala González Antón, quien recuerda que, mientras se espera por la estación de esquí no se llevan a cabo otras iniciativas de desarrollo en la comarca.
El abogado conservacionista también advirtió de que los colectivos que representa seguirán pendientes de cualquier maniobra para modificar la prohibición de construir estaciones de esquí alpino en el parque palentino, lo que supondría volver a empezar un enfrentamiento judicial que puede durar varios años más.
Ayer, Ecologistas en Acción y la Plataforma en Defensa de San Glorio pidieron la inmediata dimisión del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y de los portavoces de los Grupos Popular y Socialista, Carlos Fernández Carriedo y Ana Redondo, respectivamente por «haber quedado más cuestionados que nunca» tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley que permitía la construcción de la estación de esquí.
El colectivo valoró en nota de prensa que «el empeño puesto durante 13 años por parte de colectivos y particulares en defensa de uno de los territorios más valiosos de Europa ha culminado felizmente en un acto de bochorno absoluto para la Junta de Castilla y León que tendrá que reconocer de una vez por todas sus despropósitos y mentiras».