La Junta propone expedientar a Río por recoger leche sin contrato en León
La láctea mantuvo cuatro meses la práctica irregular y luego abandonó la provincia.
La industria lucense dejó tanques llenos en su espantada de la provincia.
La Junta de Castilla y León ha remitido a la Agencia de Información y Control Alimentario (Aica) —organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), creado al amparo de la ley de mejora de la cadena alimentaria— el hecho de industria lucense Leche Río, S.A. recogiera durante cuatro meses la producción de decenas de ganaderos leoneses sin que existiera el contrato obligatorio entre la mercantil y los vaqueros.
La situación precaria de los ganaderos se hizo pública a través de este periódico, cuando la industria dejó de recoger la leche a final del mes de enero, obligando a los ganaderos a buscar otras salidas a su producción, que incluso llegaron a vender las cubas a diario hasta que lograron encontrar empresas que la recogieran. La situación afectó a ganaderos que trabajan por su cuenta e incluso a cooperativas.
En un primer momento se conoció que Río había abandonado la recogida en una cooperativa y, al terminar el primer mes del año trascendió que la láctea gallega abandonaba totalmente la recogida en León, después de un periodo sin que ampliara o renovara los contratos con los ganaderos.
Según informó ayer la Consejería de Agricultura y Ganadería, el incremento de los controles por parte de la Administración autonómica y la denuncia de varios ganaderos de la provincia supusieron la apertura de un procedimiento de inspección, en el que se visitaron las explotaciones afectadas y se recogió la documentación administrativa que se estimó oportuna. «Como consecuencia de este trabajo se ha constatado que el Grupo de Leche Río, S.A. ha estado recogiendo leche cruda de vaca sin contrato escrito a varios productores de León entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 de enero de 2015», informaba ayer una nota de prensa.
El director general de Producción Agropecuaria, Jesús Gómez Sanz, explicó por su parte que la Junta ha remitido los expedientes incoados a la Aica al superar el caso su competencia territorial —Río tiene domicilio en Galicia— y a este organismo compete, a la vista de la documentación aportada, abrir el expediente sancionador oportuno, que deberá estar resuelto en un plazo máximo de seis meses, según recoge la normativa.
Hasta 100.000 euros
La consejería aprecia una falta grave, que la ley de la cadena alimentaria sanciona con cantidades de 3.001 a 100.000 euros. Sin embargo, Gómez Sanz recordó que será la Aica la que califique determine la gravedad de lo ocurrido. Al encontrarse el expediente en su inicio, el director general prefirió no desvelar el número de ganaderos afectados por la falta de contratos. Además, manifestó la voluntad que han mostrado éstos de permanecer en el anonimato.