Junta y Carbunión exigen garantías en el mecanismo para que el carbón se queme

La orden que regula el mecanismo por capacidad de las térmicas para que consuman carbón nacional debe establecer también fórmulas que garanticen que el mineral que se compre pueda también ser consumido para la generación, y no quede almacenado en los parques de mineras o eléctricas, generando de nuevo un grave problema a partir de 2018. Es la principal línea argumental de las alegaciones al último borrador del mecanismo, que ayer presentaron tanto la Junta de Castilla y León como la patronal del sector, Carbunión.

La organización empresarial critica que la última propuesta de producción ofertada por el Ministerio de Industria implique una producción inferior a la recogida para este año en el Marco de Actuación en vigor, pero reconoce que «retrasar la tramitación de esta orden genera un mayor problema, por lo que anteponemos la necesidad de celeridad a la precisión del tonelaje resultante».

Tanto la Junta como Carbunión insisten en la necesidad de bonificar el consumo de carbón nacional retirando el impuesto del ‘céntimo verde’, lo que aproximaría el precio del mineral autóctono al del internacional, y permitiría que se utilizara en generación, evitando la acumulación y cortando de nuevo las compras en 2018, cuando concluya la vigencia de la orden.

La Junta reclama que el mecanismo se justifique ante la Comisión Europea por necesidad de suministro. También considera que «al menos para las centrales térmicas situadas en Castilla y León», el tonelaje es «suficiente para que las empresas mineras de la Comunidad puedan mantener una producción razonable que permita mantener actividad y empleo». Un cálculo que confía en que se adapten a la normativa medioambiental los grupos 3, 4 y 5 de Compostilla; el grupo 2 de La Robla y el grupo 2 de Guardo.

El Gobierno autonómico y Carbunión coinciden en que la orden se refiera al carbón producido dentro del contrato firmado, sin poner límite al momento en el que se suministra a térmica. Los empresarios consideran que exigir que se produzca y se facture en el año «plantea problemas con las existencias que queden en las minas de un año para otro», de forma que el carbón no suministrado en el año quedaría fuera del incentivo en el futuro.

‘Céntimo verde’

Carbunión destaca también que el desplome de precio del carbón internacional en el último año hace que aumente su participación en el mix de generación nacional, por lo que bonificar el ‘céntimo verde’ garantizaría el «adecuado ritmo de consumo» del carbón nacional, «tanto en los años en que existe obligación de compra como a posteriori».

Según los empresarios, si el carbón que se compra se consume «tendrá su efecto más allá de la obligación de compra, establecida hasta 2018, dando sentido también al esfuerzo que la Administración haría en la ayuda a las inversiones».

También da al Gobierno argumentos para justificar la medida ante Bruselas, como una ayuda que es una devolución fiscal, y porque las ayudas son necesarias si su no aplicación supone un incremento de los costes y si este no puede repercutirse a los consumidores sin producir daños significativos en las ventas del producto.