LA NUEVA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
La Junta divide el mapa provincial en 25 unidades rurales y tres urbanas para optimizar los servicios básicos
Ayuntamientos y diputaciones tienen tres meses de plazo para alegar antes de que se abra la negociación que pondrá sobre la mesa 43 millones de euros en incentivos
La Junta de Castilla y León presentó ayer el que será el nuevo mapa de la comunidad, la nueva organización territorial con la que pretende distribuir y optimizar los servicios que la administración autonómica presta a las zonas rurales de Castilla y León. Se trata de reagrupar los 2.233 municipios de la comunidad en 176 unidades básicas, lo que en el caso de la provincia de León se traduce en la reorganización de sus 211 municipios en 25 nuevas unidades rurales y tres urbanas, León, San Andrés —que finalmente cuenta con entidad propia, ya que en un principio se había incluido en el núcleo de León—, y Ponferrada.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó ayer los criterios para la elaboración de los mapas y los pasos que se darán a partir de ahora para que la norma con «fuerza de ley» se apruebe en las Cortes con el máximo consenso, ya que la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio recoge que se requieren dos tercios.
Mejorar la prestación de los servicios que presta la Junta de Castilla y León y los municipios, facilitar la vida a los ciudadanos, especialmente a los que residen en los pueblos, y mantener el mundo local y su autonomía municipal son los objetivos del modelo territorial, que se despliega en unos espacios funcionales delimitados geográficamente, las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, en las que se asentarán las futuras mancomunidades de interés general, las que prestan los servicios.
El consejero avanzó el pasado mes de septiembre que estas mancomunidades contarán con una línea de cooperación preferente para incentivar su constitución que se recogerá en los presupuestos de la Junta de cada año y que a lo largo de la legislatura contará con una cuantía no inferior a los 43 millones de euros para medidas, planes o programas de empleo en los municipios menores de 20.000 habitantes. «Se trata de hacerles más fuertes, pero no a la fuerza», declaró de De Santiago-Juárez, que abre así la puerta a la negociación.
La Junta avanzó el pasado mes un decreto para la creación de las Mancomunidades de Interés General (MIG), cuya constitución se hará por dos vías, por la mayoría de los ayuntamientos que aglutinen la mitad de la población de los municipios asociados en cada una de las unidades básicas de ordenación y servicios o por el 70% de la población, con independencia del número de municipios integrados.
Después del periodo de exposición pública de tres meses, para que las instituciones y los ciudadanos presenten sus sugerencias o alegaciones, se abrirá el «tiempo de la negociación», según, de Santiago-Juárez. La Junta pedirá entonces los informes a las diputaciones provinciales, al Consejo Comarcal del Bierzo y al Consejo de Cooperación Local y se hablará con los grupos de las Cortes, a quienes ya se ha entregado este primer borrador para que «entrada la primavera» se apruebe el proyecto de ley o norma con rango de ley. Para ello, el consejero de Presidencia manifestó que buscará el máximo consenso, ya que la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio exige dos tercios (56 de los 84 procuradores).
Según la ley, las unidades básicas rurales se configurarán en función de la población —como mínimo 5.000 habitantes, y como máximo 30.000— y de la densidad —menor de 15 habitantes por kilómetro cuadrado, y como mínimo agrupe a 5 municipios—.
