La CHD expone el polémico proyecto de las balsas para regular el Órbigo

El Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, ha abierto el periodo de información pública del anteproyecto de regulación lateral del río Órbigo y su estudio ambiental, en el que se contempla la polémica construcción de dos balsas en los arroyos de la Rial y Los Morales, en Carrizo de la Ribera.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto que asciende a los 44 millones de euros, tiene como objetivo «incrementar la garantía de suministro en los regadíos dependientes del río Órbigo, actualmente deficitarios», según la nota de prensa remitida ayer por el ministerio.

La actuación prevista por la CHD trata de corregir la «escasa aportación de estos arroyos». Por eso, el llenado se completará gracias a un sistema de bombeo que aprovecharán los canales de riego ya existentes, como son el canal de Carrizo, transportando aguas desde el río Omañas mediante una toma de agua lateral situada en la zona de cruce del canal con el cauce del río para la infraestructura de la Rial; y desde el canal de Velilla, para apoyar el llenado de Los Morales con aguas procedentes de los cursos de agua existentes desde el embalse de Barrios de Luna.

Con estas actuaciones, el Plan Hidrológico de la cuenca del Duero pretende resolver el supuesto déficit de suministro a las demandas de las 52.000 hectáreas de regadíos dependientes del embalse de Barrios de Luna, dotándoles de la garantía necesaria. Con estas regulaciones también se refuerza este sistema de explotación, en cuyos ríos principales el Plan Hidrológico de cuenca ha establecido unos caudales ecológicos más elevados de los que se han venido aplicando.

Según la CHD, la alternativa seleccionada también garantiza el equilibrio entre los requerimientos medioambientales, la eficacia en la regulación y la eficiencia económica.

La ejecución de estas dos balsas en el Órbigo ha contado con la férrea opción de la mayor parte de los vecinos de Carrizo, y del Ayuntamiento, que incluso ha votado una moción en contra, así como de un sector importante de los agricultores de la zona.

Para el alcalde de la localidad, Julio Seoánez, la postura del Ayuntamiento sigue siendo «totalmente contraria» a este proyecto, al considerarlo «innecesario» e incluso «perjudicial» para los intereses del municipio. El regidor socialista asegura que la construcción de estas dos balsas supone un incremento de la humedad en la zona, y por lo tanto, un mayor campo de cultivo para las plagas, lo que podría perjudicar gravemente a las plantaciones de lúpulo, principal activo del municipio.

Seoanez cree además que los supuestos beneficios de estas obras nunca revertirán en Carrizo, que es quien sufrirá el impacto medioambiental de su construcción, sino que en todo caso beneficiaría los regantes de las zonas del Páramo que tengan necesidad de riego. «Tendrían que construir balsas más pequeñas en las zonas donde haga falta el riego», explicó el alcalde que considera que «no tiene sentido hacer estos dos embalses, llenarlos con bombas, lo que implica un coste muy elevado, y dejarlas aquí para cuando haga falta el agua». El alcalde de Carrizo considera que sería deseable que «la CHD invierta una partida económica tan importante, 44 millones de euros, en arreglar los pantanos existentes, para hacerlos más eficaces, y en modernizar las infraestructuras de riego para que no se pierda tanta agua».

La corporación municipal celebró ayer mismo una reunión para debatir el estudio informativo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

Otra de las posturas más críticas del proyecto viene de los propios agricultores. Para el secretario provincial de Asaja, José Antonio Turrado, «no es una obra prioritaria en este momento, por lo que debería ser aparcada». Turrado afirma que lo deseable sería invertir el dinero público en modernizar los regadíos previstos en la provincia. «Si una vez terminada la modernización hay falta de agua, entonces se podría estudiar la posibilidad de construir nuevos embalses, pero yo creo que no será necesario», sentenció.

Por eso la postura de Asaja es contraria al proyecto, ya que además parte de la inversión prevista deberá ser pagada por los propios agricultores.

Durante 30 días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proyecto y su estudio de impacto ambiental podrán ser examinados para formular las alegaciones.