Diario de León

OPOSICIÓN AL PLAN

Las balsas invaden nueve hábitats de la Red Natura y afectan a 86 aves protegidas

El Ayuntamiento presenta 21 alegaciones al proyecto que anega 256 de sus hectáreas para «frenar» la despoblación del Páramo

La oposición a los embalses de CHD es mayoritaria entre la población municipal

La oposición a los embalses de CHD es mayoritaria entre la población municipal

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MARÍA CARNERO | LEÓN
León

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El Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera celebrará hoy, en el salón de actos de la Fundación Sierra Pambley en León, una asamblea informativa para exponer a los ciudadanos las alegaciones presentadas contra el proyecto de construcción de las balsas de la Rial y Los Morales. El encuentro, que se celebrará a las 20.00 horas, contará además con la intervención del Ayuntamiento de Cimanes del Tejar, Ecologistas en Acción y Arcó.

El consistorio ha remitido a Confederación Hidrográfica del Duero total de 21 alegaciones, de las cerca de dos mil que ha gestionado desde sus dependencias procedentes de vecinos, asociaciones, entidades y empresas.

«Carrizo no está dispuesto a sacrificar 256 hectáreas de las 4.190 que tiene su municipio para evitar la despoblación del Páramo Bajo». Así lo esgrime el Ayuntamiento en la primera de sus 21 alegaciones, en la que denuncia la «discriminación de un territorio en favor de otro». Sobre todo después del desembarco en el Órbigo de la multinacional Hopsteiner, que ha adquirido el 80% de la SAE de Fomento del Lúpulo, principal cultivo en la zona y que, según las alegaciones municipales, se verá «gravemente» afectado por las balsas ya que sacrifican terrenos cultivables, influyen en las condiciones meteorológicas aportando humedad en el ambiente, y por lo tanto, abren la puerta a la aparición de enfermedades y plagas.

Por lo que se refiere a los daños medioambientales, el Ayuntamiento defiende que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es «sesgado», ya que no tiene en cuenta a las especies vulnerables de la zona, como es el caso de la rana arbórea, o la víbora común, y en el caso de las aves, nada se dice las 86 especies protegidas presentes en la zona, entre las que se encuentra el milano común.

Además, alegan que el EIA no ha tenido en cuenta que alguna de las zonas previstas para la construcción de los embalses hay nueve hábitats incluidos en la Red Natura 2000, como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) por lo que cuentan con una protección especial para sus especies y ecosistemas.

El consistorio alerta, además, del posible riesgo de contaminación del agua que se prevé almacenar en las balsas, para consumo humano y agrícola, dada la presencia en la zona inundadle de La Rial del antiguo vertedero de residuos urbanos sometido a un proceso de enterramiento en 2007.

Otro de los aspectos en el que inciden las alegaciones en la grave afección que las balsas tendrán en el sector servicios de la zona, según reconoce el propio anteproyecto, formado por ocho establecimiento hoteleros, cerca de 30 bares, pubs o discotecas, casi una decena de restaurantes y 40 comercios, cifras que dan una idea de la importancia de estos negocios en la economía local.

A parte de la reducción del suelo agrícola y ganadero con la construcción de las balsas, denuncian que también se verán afectados por el proyecto las zonas destinadas a la extracción de materiales para la construcción.

Sobre la cuestión energética, las alegaciones denuncian que el EIA «no evalúa el gasto energético que supondrá el bombeo del agua», gasto que en ningún momento quedará cubierto con la producción hidroeléctrica, ya que mantienen que las balsas consumen el doble de energía que la que fabrican.

El Ayuntamiento hace además un llamamiento al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la propia CHD para que replanteen la gestión del agua con políticas encaminadas al ahorro y eficiencias del agua, y que afronte la modernización de los regadíos que eviten proyectos de esta envergadura.

Carrizo recuerda que ya hay un EIA desfavorable anterior, el que en 1993 tumbó la construcción del embalse de Omaña.

Por último, desde el Ayuntamiento denuncia la «imposición antidemocrática de un proyecto, que ignora la autonomía municipal, y la arbitrariedad y el despilfarro de un proyecto injustificable con un coste que supera los 44,5 millones de euros».

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