La primera ordenanza de subvenciones crea un marco general para conceder ayudas

El próximo pleno ordinario, que se celebra el último jueves de este mes, contemplará entre los puntos del orden del día el debate y aprobación de dos ordenanzas municipales: por un lado, la nueva normativa que regulará las subvenciones y, por otro, el documento que vertebra la convivencia ciudadana y que actualiza las sanciones en caso de infracción. Se trata de «dos trabajos normativos muy importantes para la ciudad», como explicó ayer el alcalde, Arsenio García, quien matizó que la nueva ordenanza de subvenciones «es fundamental para dar forma legal a la concesión de las ayudas y salvaguardar tanto al Ayuntamiento como a los receptores».

En este sentido, el concejal de Hacienda, Pepe Guzmán, fue el encargado de desgranar esta normativa, la primera con la que cuenta el consistorio astorgano. El edil explicó que «poco a poco vamos cumpliendo con los objetivos», argumentando que la ordenanza «pretende satisfacer la eficacia, en base a la transparencia y la objetividad». Se presenta como un marco general para la concesión de ayudas y asegura que se ajusten a los mismos criterios y principios. El documento, además, tiene carácter de reglamento general y está adaptada a la Ley general de subvenciones.

Guzmán avanzó que la ordenanza, que requiere el respaldo de la mayoría de la corporación, cuenta con cuatro capítulos más las disposiciones y prevé la existencia de dos tipos de subvenciones: unas por concurrencia competitiva y otras directas. Así con esta nueva herramienta, en el presupuesto municipal se incorporarán las partidas pertinentes. No obstante, cada ayuda contará además con sus propias bases de ejecución que gracias a este mecanismo podrán tener una vigencia superior a un año.

«Con esta ordenanza se evita tener una para cada subvención», explicó el concejal, quien aseguró que lo que se pretende es acabar con la dispersión normativa. Una modernización, en base a los criterios económicos y políticos del nuevo equipo de Gobierno, que el alcalde calificó de «imprescindible». No obstante, una vez que pase por el pleno, se abrirá un plazo de exposición hasta su aprobación definitiva, según marca la ley.

El segundo documento da estructura a la convivencia ciudadana y actualiza las sanciones. Se trata, según explicaron Ángel Iglesias y Pablo Peyuca González, de una ordenanza no fiscal que «hasta ahora estaba desfasada». De ahí la necesidad de su puesta al día para adaptarla a los tiempos actuales.

La normativa regula el comportamiento en los espacios públicos y establece las multas en caso de no cumplirse. Las sanciones pueden oscilar entre los 0 y los 3.000 euros, según sea falta leve, grave o muy grave.

Esta herramienta, solicitada desde algunos sectores ciudadanos y también desde la Policía Local, fija los comportamientos irresponsables sancionables por la degradación visual del entorno, el mal uso de las fuentes y estanques, los comportamientos poco cívicos en caso de no recoger los excrementos de las mascotas, las sanciones por pegar carteles o hacer pintadas, así como las multas por arrojar objetos o piedras desde la muralla.

Finalmente, el portavoz municipal, Manuel Ortiz, recalcó que, en ambos casos, «el propósito es contar con una normativa actualizada para que estas ordenanzas, que son vitales para el funcionamiento del Ayuntamiento, sean instrumentos válidos».