El campo pide moratorias en créditos y la PAC por el desastre de las lluvias

maría j. muñiz | león

El campo leonés se ahoga, anegado por unos meses de insólita abundancia de precipitaciones que amenazan con asfixiar la mayor parte de las campañas de toda la producción de la provincia. Se ahoga además cuando se encuentra especialmente endeudado por las fuertes inversiones llevadas a cabo en los últimos años para afrontar la modernización de los regadíos; y ve peligrar las exigencias que impone la PAC. Una situación que a estas alturas de la campaña de siembra tiene pocas posibilidades de corregirse, y que ha llevado a las principales organizaciones agrarias a plantear por un lado una moratoria de un año en los pagos que deben hacer a las entidades financieras (máxime teniendo en cuenta que la morosidad entre los agricultores ni siquiera alcanza el 1%), y por otro flexibilidad en las exigencias europeas para que ningún productor pierda derechos por el desastre climatológico en el que se ven envueltos este año. Incluso a plantear un frente común de las organizaciones agrarias para exigir medidas excepcionales para el campo leonés.

Desde octubre la provincia ha padecido el diluvio de casi 1.000 litros de agua por cada hectárea de terreno. El doble de los 525 que le caen en un año normal. Sólo este fin de semana, cuando las tierras son ya incapaces de absorber una gota más, otros 36 litros.

Propuestas

Ante esta situación las organizaciones agrarias denunciaron ayer la «caótica» situación con la que el campo leonés afronta esta campaña, y exigieron sensibilidad a las administraciones y las entidades bancarias. El presidente de Ugal-UPA, Matías Llorente, reclamó la declaración especial de Zonas de Excepción para los terrenos que están haciendo las concentraciones parcelarias, y «no van a poder sembrar más de un 20%, con lo que tendrán problemas para no perder sus derechos de la PAC».

Además, llamó la atención sobre las zonas de Payuelos, margen izquierdo del Porma, y Páramo, donde la inversión media es de 4.000 euros por hectárea, unos 100.000 euros por explotación, que no van a poder pagarse este año. También tendrá una reunión con las comunidades de regantes para aplazar la amortización de las obras. Además, reclamó a la Agencia Tributaria que revise el Índice de Rendimientos Netos, especialmente para los cultivos de leguminosas, cereales, remolacha y maíz,

Por su pare UCCL reclamó ayer a la Administración mecanismos de «ayuda de mínimis» para solventar las pérdidas que van a tener los agricultores al no poder sembrar sus parcelas. También llamó la atención sobre las importantes inversiones en modernización de regadíos, que no podrán utilizar este año; así como sobre la proliferación de plagas, hongos y enfermedades, sobre todo en cereales de invierno.

Asaja celebró ayer su comité ejecutivo para analizar el retraso de los cultivos por las lluvias, por lo que reclama también a la Junta que exima a los agricultores del pago verde de la PAC, los expedientes de modernización de las explotaciones y los programas medioambientales, de forma que puedan optar por los cultivos más rentables.

Las organizaciones piden también especiales condiciones para los jóvenes que se han incorporado al campo, y que están fuertemente endeudados.