Europa autoriza el cierre total de la minería española y sanciona que no es competitiva

maría j. muñiz | león

No hay nada de la minería del carbón española, ni pública ni privada, que pueda ser competitiva a futuro con las condiciones establecidas en la planificación aprobada en diciembre de 2010. Que planteaba la desaparición del carbón nacional subvencionado a finales de 2018, aunque los incumplimientos de los acuerdos firmados con el Gobierno y la situación del mercado energético internacional se han encargado de precipitar el fin de un sector básico para la economía provincial, y sobre todo para algunas de sus comarcas que tienen más dificultades en encontrar alternativas de supervivencia económica.

Esa es la conclusión del plan de cierre de la minería del carbón no competitiva española, cuyo escenario definitivo, después de años de retrasos, dudas y silencios, fue presentado por el Gobierno definitivamente a Bruselas el mes pasado, según reconoce la propia Comisión Europea. Ninguna de las 26 unidades de producción, tanto de interior como de cielos abiertos, operativas en el país hace dos años, ha presentado ante las autoridades europeas un plan que no sea el de clausura en año y medio.

La Comisión Europea oficializó ayer el acuerdo adelantado hace unas semanas por el Gobierno español, que acepta finalmente el último plan de cierre presentado, y autoriza un gasto de 2.130 millones de euros para «paliar las repercusiones sociales y económicas» del cierre de 26 explotaciones de carbón no competitivas en el país. El total de las minas en activo hace dos años, según las convocatorias del plan de ayudas, y buena parte de ellas ya paralizadas y en la práctica extinguidas a día de hoy. Algunas de las más importantes, pendientes también de que se habiliten las ayudas al cierre, que contempla el plan que ahora se anuncia.

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Los detalles del plan de cierre son aún una incógnita no sólo para el sector, sino para parte de las administraciones implicadas, como es el caso de la Junta de Castilla y León. La autonomía más afectada por el proyecto de cierre no conoce aún la planificación aprobada por Bruselas. Desde la Comisión Europea señalan que es el Gobierno de España el encargado de dar a conocer los detalles, tanto del plan que envió a las autoridades comunitarias, como de lo que finalmente estas han aprobado; y no ofrecen más información.

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Ayer la Comisión anunció que la propuesta enviada por el Gobierno español de destinar 2.130 millones de euros para el cierre ordenado de 26 unidades productivas de carbón (la totalidad de las operativas en el país) se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE. Lo que, según fuentes del sector consultadas, no significa que este será el dinero destinado a partir de ahora al cierre, sino el cómputo global contemplado en el Marco de Actuación de la Minería del Carbón 2013-2018, desarrollado ya en el escenario de cierre de las explotaciones, y que incluye en esa cantidad las ayudas ya pagadas desde 2011, y las previsiones de cierre y los programas sociales en marcha.

De momento, sólo las ayudas recibidas hasta ahora y las previstas (muy inferiores a las contempladas en el Marco de Actuación 2013-2018, tanto por los recortes impuestos por el Gobierno sobre las cifras firmadas como por la debacle empresarial, que ha expulsado a buena parte de las compañías del plan de ayudas estatales) rondan los 1.400 millones de euros.

En 2011, primer ejercicio de ejecución del proyecto europeo de cierre de la minería no competitiva, las ayudas a la producción en el sector fueron de 311 millones de euros. Un año después la cifra consignada fue de 111 millones, pero la realmente gastada resultó ser muy inferior. Sólo los impagos al grupo de Victorino Alonso restaron unos 50 millones a esta cifra (cantidades que las sentencias judiciales han ordenado devolver en parte); y no fue la única empresa de la provincia a la que se retiraron las ayudas por su delicada situación con los acreedores, especialmente con las administraciones públicas. También la Hullera Vasco Leonesa, hoy en proceso de liquidación, ha visto reconocidos judicialmente frente al Estado sus derechos a cobrar las ayudas que se le negaron en su día.

En 2013 y 2014 las ayudas efectivamente entregadas a las empresas mineras fueron inferiores a los 40 millones de euros anuales. Para entonces los complementos a la minería a cielo abierto, la única que a estas alturas se valora como competitiva de cara a un futuro más allá de 2018, eran ya residuales. Hasta el punto de que su devolución en un momento dado no se considera especialmente preocupante, si el marco de relaciones con las eléctricas para la quema de carbón autóctono se regula y estabiliza.

Caso aparte es la minería pública. Hunosa recibe, según las fuentes consultadas, más de 100 millones de euros al año sólo para cubrir las pérdidas a la producción que registra. Y de momento su actividad se mantiene.

En todo caso, este es el escenario pactado tras «un largo proceso de intensas negociaciones y en un contexto europeo donde el apoyo al carbón es difícil dados los compromisos medioambientales de la Unión Europea: un acuerdo logrado con la Dirección General de Competencia», según reconocía el Gobierno español a finales del mes de abril.

De lo que no se habla en ningún momento es de la posibilidad de revertir la decisión europea de devolver las ayudas cobradas desde 2011 para las empresas que sigan en activo.