La Junta estudiará recurrir ante los tribunales el plan de cierre de las minas

dl | león

La Junta de Castilla y León estudiará con sus servicios jurídicos la posibilidad de presentar un recurso contra el último plan de cierre de la minería española, acordado por el Gobierno de España y la Comisión Europea, como solicitó el Grupo Socialista durante el debate sobre el Plan de Dinamización de Municipios Mineros, ratificado por las Cortes. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, abrió la puerta a llevar a los tribunales este nuevo modelo de ayudas, del que admitió que no se conocen sus detalles.

La titular de política económica presentó al Parlamento autonómico la propuesta de la Junta para revitalizar las cuencas mineras, que contó con los votos a favor de los grupos Popular, Socialista y Mixto -Izquierda Unida y Unión del Pueblo Leonés-, mientras Ciudadanos y Podemos se abstuvieron. Del Olmo admitió la demanda del procurador socialista, Celestino Rodríguez, sobre el recurso y planteó que los servicios jurídicos de la Junta estudiarán si existe algún argumento para presentarlo e incluso si su contenido puede perjudicar a la actividad minera.

No obstante, Pilar del Olmo recordó al dirigente socialista que las 26 empresas que figuran en el plan que ha cerrado hace unas semanas el Gobierno de Mariano Rajoy y Bruselas son las mismas que se incluyeron en el Plan de Cierre que aprobó el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. La consejera señaló que esto se debe a que las ayudas son al cierre, porque de lo contrario serían «ilegales» de acuerdo a la decisión de la Unión Europea de 2010.

Asimismo, la consejera aceptó otra propuesta del Grupo Socialista para reclamar los fondos Miner que cuentan con una resolución negativa y explicó que en este momento ya no tiene sentido pedir al Gobierno que adopte una decisión sobre las solicitudes presentadas. Del Olmo argumentó, ante la demanda de Rodríguez, que el Principado de Asturias pidió ante la jurisdicción que el Ejecutivo central se pronunciara sobre los proyectos pendientes.

También la Junta aceptó otras iniciativas, como las presentadas por el procurador leonesista Luis Mariano Santos, en relación a las ayudas al alquiler para asentar población y a cuatro proyectos, como la ampliación de la estación de esquí de Leitariegos, una idea que apoyó el procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, o el Instituto Tecnológico de Investigación del Carbón, ya incluidas en el Plan. Además, se comprometió a incluir el estadio de aguas bravas de Cistierna y un matadero de carne de vacuno y ovino en la montaña central leonesa.

En cuanto a la comisión de seguimiento del Plan, que se aplicará en 81 municipios de León y Palencia, la consejera de Economía y Hacienda admitió que incorpore a los grupos con representación en las Cortes y al Consejo Comarcal del Bierzo, como pedían los socialistas, la UPL e IU. Además, Pilar del Olmo aceptó que este órgano busque a una persona de «consenso» que se encargue de controlar y velar por el cumplimiento de las iniciativas para el impulso económico y social de las cuencas mineras.

La consejera pidió a los grupos parlamentarios «dejar aparcadas» las «recriminaciones» y trabajar «juntos» en la búsqueda de soluciones y futuro para los municipios mineros. Así, aseguró que el Plan pretende ser un «catalizador» para la revitalización económica, laboral y demográfica, con el objetivo de crear un «ecosistema» para aprovechar los recursos endógenos. No obstante, reconoció la necesidad de contar con un «adecuado nivel de colaboración institucional» sobre este Plan, que señaló puede ser mejorado, y recalcó que no renuncia a la defensa de que la minería del carbón forme parte de la actividad económica de las cuencas, puesto que puede ser «rentable».