"El encierro es la bala que tenemos"

El ánimo llega desde el interior. Las familias sufren en la bocamina, los compañeros suben y bajan. Los mineros encerrados aseguran a sus mujeres, madres e hijos que están bien. Lo están, con sus pesados ropajes de agua (que protejen mejor), sus pañuelos en las gargantas, las lámparas que iluminan el negro abandono en el que se han sumergido y la esperanza de que una vez más la protesta minera dé sus frutos.

Aunque todo sea un contrasentido. Ahora ha llegado la lucha por el cierre. Pelear por el absurdo. Todos los convencidos de que hay futuro clamando por que se cumpla el compromiso (una vez más firmado y no cumplido) de ejecutar, sí, ejecutar, un cierre ordenado. Que dará un breve respiro a más de 200 familias mineras y a decenas de negocios de la cuenca. Pero sobre todo que dará un respiro al agónico abandono de los túneles y pozos de las explotaciones de interior de la Vasco. Que, según han advertido reiteradamente los informes de los ingenieros (incluso los concursales); amenazan a las poblaciones de La Robla y Santa Lucía de Gordón con consecuencias imprevisibles.

Daniel Garguño, Álvaro Rodríguez, Sócrates Fernández y Elías Ortega llevan desde el lunes de la semana pasada encerrados en el pozo Aurelio de la Hullera Vasco Leonesa, como medida de presión para exigir que se doten de manera inmediata los seis millones de euros necesarios para poner en marcha el cierre ordenado de la explotación de interior de la histórica minera leonesa, después de que el proceso concursal en marcha haya acabado con la exigencia de hacer desaparecer una mina que estaba preparada para sacar carbón al menos durante otro medio siglo. Sería en todo caso parte de los casi 20 millones de euros que el proyecto de los ingenieros ha calculado para enterrar la mina de interior con totales garantías de seguridad. El resto deberían dotarse en los próximos dos años.

El encierro de los mineros pretende llamar la atención además sobre un hecho no menos importante para ellos: llevar a cabo el proceso de cierre supondría la posibilidad de seguir trabajando (las obras se prolongarían durante 36 meses) de buena parte de los alrededor de 250 trabajadores de la Vasco que no pueden acogerse al plan de prejubilaciones. Es decir, aquellos que a partir del próximo 31 de julio se quedan sin empleo.

Una plantilla muy joven (con una media de edad de unos 40 años), de la que alrededor de 200 empleados pueden acogerse a las bajas incentivadas ("paro al fin y al cabo", insisten), y el resto ni eso porque llevan poco tiempo en la empresa. La mayoría de ellos tienen una amplia experiencia laboral en minería de interior, pero tienen también muy difícil reciclarse laboralmente para buscar otro tipo de empleo.

Las tareas de cierre ordenado de la mina, que por otra parte se exigen para abandonar este tipo de explotaciones, son no sólo un derecho reconocido para la empresa y para la comarca, sino la tabla de salvación momentánea de más de 200 familias de la zona.

La decisión de iniciar este proceso es política. La convocatoria de las ayudas, que habían sido dotadas ya este año, no llegaría en ningún caso a tiempo. Y requerirá además de modificaciones, que permitan a la empresa acceder a estas subvenciones. La Junta de Castilla y León ha dado un paso adelante y se ha comprometido a adelantar parte de estos fondos para iniciar el proceso, pero siempre que exista un documento del Gobierno que comprometa también el pago en el futuro del dinero invertido en el cierre. Al fin, pagar el cierre de la mina es una competencia de la Administración central.

De momento los cuatro mineros encerrados siguen con la voluntad intacta de hacer oír su voz desde los casi 200 metros de profundidad a los que se encuentran. De  cualquier manera porque tiene abundante agua y mucha acumulación de grisú y habría que tomar las medidas necesarias para evitar los daños medioambientales que pueden provocar un cierre precipitado.

Daniel Garguño ha explicado a los periodistas que pese a las incomodidades del encierro se encuentran "perfectamente de ánimo" y que entre ellos se llevan "estupendamente", así que mantendrán el encierro "hasta que aguanten las fuerzas".

"Pasamos el tiempo de la mejor manera posible, dando paseos y entreteniéndonos con lo que podemos", ha señalado Garguño.

Ha insistido en que el Gobierno debe liberar unas ayudas que ya están autorizadas por la UE para abordar los costes excepcionales derivados del cierre.

"Esto no es una fábrica en la que cesas en la actividad, echas el candado y te olvidas de ella; cerrar una mina es algo mucho más complejo", ha advertido el minero, que ha explicado que el dinero autorizado por Bruselas habrá que destinarlo a realizar estudios para ver cómo se puede taponar el agua y diluir el gas.

Su compañero Sócrates Fernández coincide en que la humedad es lo peor llevan ya que sus efectos se notan en las articulaciones.

Ninguno de los cuatro mineros, que reciben diariamente la visita de un médico, confía en poder votar el domingo dado que, de momento, el Gobierno en funciones "no parece mover ficha", aunque Sócrates Fernández reclamó el voto por correo, pero ya había iniciado el encierro cuando le enviaron a su casa la documentación.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se reunió el pasado viernes en León con el comité de empresa de la Hullera, a cuyos responsables anunció que el Ministerio de Industria se había comprometido ese mismo día a estudiar la liberación de fondos.

En dicho encuentro, Herrera reiteró el ofrecimiento que la pasada semana hizo la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, de que la Junta de Castilla y León estaría dispuesta a adelantar fondos para el cierre ordenado de la Hullera Vasco-Leonesa si consigue previamente un compromiso de Industria en el sentido de que se liberarán las ayudas aprobadas por Bruselas. En el caso de la Hullera Vasco-Leonesa dichas ayudas ascenderían a un total de 20 millones.

El comité de empresa precisa que aunque la empresa no está al corriente de pago en algunos apartados, lo que podría dificultar el acceso a las ayudas, existe el precedente en 2008 de Mina La Camocha, en Asturias, de que en un consejo de ministros se cambiaron las bases de la convocatoria para solventar este problema.