La Junta negocia ganar tiempo aplazando los despidos en la Vasco hasta el cierre de la mina

maría j. muñiz | león

La Junta de Castilla y León busca la manera de ganar tiempo para articular una fórmula jurídica que permita afrontar el cierre ordenado de la explotación de interior de la Hullera Vasco Leonesa con la actual plantilla de la empresa minera en liquidación. Sin que en las dos semanas transcurridas desde la reunión entre la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se haya concretado ninguna propuesta viable para financiar este cierre, el gobierno autonómico intenta ahora retrasar el despido de los 94 mineros que no se han acogido al plan social de bajas incentivadas.

Un despido cuyo expediente de regulación extintivo tiene hoy convocada la última reunión entre la administración concursal y el comité de empresa, y que debería hacerse efectivo la próxima semana, concretamente el día 31.

Del Olmo mantuvo una reunión ayer en Valladolid con el comité de empresa y la administración concursal, un encuentro al que asistió también el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. En la reunión la Junta reiteró su «firme compromiso» de buscar una solución para que los trabajadores que quedan en la plantilla de la histórica empresa sean los encargados de llevar a cabo las labores de cierre de la mina de interior, lo que les permitiría mantener un empleo durante alrededor de dos años.

Posibilidad

La Junta intenta ganar tiempo no sólo para acordar una vía legal para recibir fondos con los que acometer las tareas de cierre ordenado, que el administrador concursal ha cifrado en un presupuesto de 20 millones de euros y al menos dos años de trabajo. Un dinero que la Vasco no tiene ni está previsto que pueda conseguir a corto plazo.

Tampoco es factible que reciba las ayudas aprobadas por la Comisión Europea destinadas a los costes excepcionales por el cierre de las unidades de producción no rentables, porque sus deudas millonarias con la Seguridad Social y con Hacienda se lo impiden, según se recoge en la Ley de Subvenciones.

Así las cosas, se busca una fórmula para que la Junta de Castilla y León adelante los primeros fondos para acometer el cierre (calculados en unos seis millones de euros este año, en principio). Sin embargo, el gobierno autonómico insiste en que es el Ministerio de Industria el que debe financiar estas tareas (de hecho las tiene ya presupuestadas este año), y se mantiene firme en no adelantar el dinero si no se le garantiza el cobro posterior de los pagado. De hecho, la Junta está aún pendiente de que el Gobierno central le abone 50 millones de euros de lo adelantado en los proyectos de reindustrialización de planes del carbón anteriores.

En cualquier caso, la vía legal para sortear el expediente de extinción de empleos y prolongar un expediente de suspension temporal tampoco está muy clara.

Lo que sí está sobre la mesa es que el plazo para ejecutar los despidos de los 94 mineros que no se han acogido a las bajas incentivadas tiene los días contados. Concretamente diez días. La búsqueda de una solución qe permita mantener al menos parte del empleo en la zona tiene que ser ya muy rápida.