Victorino Alonso se sienta frente al juez por la destrucción de la Cueva de Chaves
La acusación particular pide para el empresario tres años de cárcel y 50,9 millones de euros.
DL | LEÓN
El empresario minero leonés Victorino Alonso será juzgado los días 21, 22 y 23 de septiembre por las responsabilidades penales derivadas de la destrucción de la cueva de Chaves en la Sierra de Guara (Huesca). La asociación Ecologistas en Acción actuará como acusación particular y durante el primer día del juicio se celebrará una concentración a las puertas de los juzgados de Huesca. El equipo jurídico de Ecologistas en Acción ha venido solicitando durante las diligencias judiciales por la destrucción de la cueva de Chaves una indemnización de 50,9 millones y dos condenas de tres años de prisión cada una para el empresario.
Ya han pasado siete años desde que se conociera la destrucción de este yacimiento neolítico, considerado como uno de los dos más importantes de la Península Ibérica, tras la intervención de dos empresas del grupo del Victorino Alonso, principal acusado en el este proceso. Según ha recordado Ecologistas en Acción, a comienzos de 2009, tras la visita de Vicente Baldellou -director de las excavaciones arqueológicas que se venían desarrollando durante más de 30 años- se hizo público que había sido arrasado todo el nivel neolítico (y parte del paleolítico) de la cueva por maquinaria pesada. La cueva de Chaves era, junto a la Cova de l’Or de Alicante, el yacimiento neolítico más importante de todo el país.
Ecologistas en Acción ha denunciado que teniendo en cuenta que aún faltaba por estudiar más del 90% de su espacio, «el daño causado es incalculable y supone un atentado contra el patrimonio histórico».
El yacimiento se encontraba en una finca cinegética vallada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Desde el primer momento, asociaciones ecologistas apuntaron a Victorino Alonso, al que se le relaciona con la compra de dicha finca, como principal responsable de la destrucción del yacimiento. Durante el mismo periodo en el que se llevó a cabo la demolición de la cueva se habían registrado grandes obras sin autorización con maquinaria proveniente de la construcción del aeropuerto Huesca-Pirineos, en la que habían participado empresas del grupo Alonso.
Unas obras que, según la asociación ecologista, causaron daños importantes a los valores del espacio protegido de la Sierra y Cañones de Guara y fueron denunciadas «sin que las administraciones competentes llegaran a intervenir», han apuntado en el mismo comunicado.
La organización ecologista trabaja para que estos daños se incluyan en la causa judicial junto a los cometidos contra el patrimonio cultural. Tras las diligencias previas que se han ido realizando a lo largo de estos años a través de las acusaciones particulares como Acción Púbica para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) y Ecologistas en Acción, se consiguió la imputación del empresario leonés.