El auto de «instrucción compleja» retrasa otros dos años la resolución del accidente
Las acusaciones de las familias solicitan la próxima semana un plazo de un mes más para presentar el que será el cuarto informe pericial del caso, que analice las causas del siniestro que provocó la muerte de los seis trabajadores.
maría j. muñiz | león
Hace hoy tres años Carlos Pérez, José Antonio Blanco, Manuel Moure, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez perdieron la vida tras un enorme y mortal soplo de grisú en el macizo 7 del Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa. Un accidente en el que también resultaron heridos otros cinco compañeros, que aún sufren secuelas. Para unos fue un siniestro imposible de prever; para otros, una muerte cantada durante meses, que provocó algunos enfrentamientos en la empresa. Incluso para los seis mineros muertos a los que hoy se recuerda era la crónica de una tragedia anunciada, según insisten sus familias. Pero de momento no hay resolución judicial sobre el caso. De hecho, no la habrá en muchos meses.
El Juzgado de Instrucción número 4 de León ha declarado el «carácter complejo de la instrucción», a petición del ministerio fiscal, lo que amplía en 18 meses (desde el pasado mes de mayo) el plazo de instrucción de una causa que comenzó en octubre de 2013. A ellos habrá que añadir el resto del procedimiento judicial, y el juicio oral, hasta dictar definitivamente una sentencia de la que dependen responsabilidades e indemnizaciones. «Sobre todo, que se haga justicia», claman las familias de los mineros muertos, que llevan más de mil días esperando para cerrar un capítulo que les permita recomponer, con sus ausencias siempre presentes, sus vidas y las de sus hijos.
Tendrán que esperar aún más. Por una complejidad de la instrucción del caso que no entienden («qué más van a poder aportar que no hayan especificado los informes periciales, ahora ya no hay ninguna prueba nueva que pueda obtenerse»); pero también porque, y esto se suma a la impotencia que les estrangula desde hace tres años, «ha habido casos que se han considerado más importantes, y han desplazado a un lado el nuestro».
En el Juzgado número 4 recayó el caso del asesinato de Isabel Carrasco. «Todos somos personas. Ella es una y los nuestros son seis. ¿Por qué había que retrasar los nuestros?», se cuestionan las familias.
Lo cierto es que el ministerio fiscal presentó el pasado mes de mayo una instancia para «solicitar la declaración de complejidad de la instrucción a los efectos de ampliación del plazo de instrucción hasta 18 meses». Una situación excepcional que se contempla en el caso de que por determinadas circunstancias la investigación pudiera no completarse de manera razonable en el plazo estipulado legalmente. O en el caso de que concurran causas como los que la jueza titular del número 4 contempla para conceder esta ampliación de plazo.
En el caso del mortal accidente de la V asco, «resulta imprescindible la culminación de la fase de instrucción con la sanidad de alguno de los perjudicados, estando igualmente pendiente un informe pericial a instancias de las acusaciones». Todo ello «justifica la práctica de más diligencias instructoras», esenciales para la resolución del caso, según el juzgado, lo que permite declarar «el carácter complejo de la instrucción» de la causa, y ampliar el plazo.
Las acusaciones particulares solicitarán la próxima semana al Juzgado un plazo de un mes más para presentar un último informe pericial, que será el cuarto que se tenga que estudiar en la causa, «lo que justifica la práctica de más diligencias instructoras ya acordadas», señala el auto judicial.
Antes se presentaron otros tres informes sobre las posibles causas del accidente y la declaración de decenas de imputados y testigos, desde dieciséis directivos de la empresa minera hoy en liquidación hasta responsables de seguridad del pozo siniestrado y otros trabajadores. Un proceso judicial iniciado por las familias de los seis mineros fallecidos y de los cinco que resultaron heridos.
Según los abogados de las acusaciones, los informes de Minas y de un experto independiente apuntan a la caída de la bóveda donde se encontraban los mineros fallecidos y a un error en el sistema de ventilación las causas del siniestro. El informe presentado por la Vasco defiende una «imprevisible fuga» de gas, y descarta la rotura de la bóveda o de alguna de las estructuras de la galería. Señala a un fenómeno geodinámico de invasión súbita imprevista y fuera de lo normal de metano, que impidió que pese a la experiencia de los trabajadores puedieran llegar a colocarse los autorescatadores para protegerse.
El informe de la Comisión Regional de Minería determinó que se produjeron dos fenómenos consecutivos: un colapso brusco de la bóveda, cuyo hundimiento provocó una desgasificación del grisú contenido en ese carbón, que se sumó al gas desplazado desde el hueco al postaller. Y arrastró en su caída una zona de la galería 6. Inmediatamente después se produjo otro hundimiento hacia el hueco creado, que aportó más metano con una rapidez y violencia que rebajó de forma instantánea el nivel de oxígeno de la galería al 1%, lo que provocó el fallecimiento por asfixia de los mineros.
La previsión inicial esperaba una resolución del caso antes de final de este año, pero el auto de instrucción compleja decidido por el Juzgado retrasa en meses la determinación de responsabilidades o no del mortal accidente del que hoy se cumplen tres años.