Esperanza y cautela entre los autónomos de Rodríguez tras aprobarse las ayudas
a.g. valencia/efe | león
Cautela y esperanza. Los autónomos de Rodríguez recibieron ayer con expectación la noticia de que el consejo de Gobierno de la Junta aprobó 334.000 euros para el fondo que se destinará a las ayudas a los cooperativistas que vieron como el fuego en la fábrica de Soto de la Vega se llevaba por delante su puesto de trabajo. La alegría es contenida hasta que se conozcan los detalles y los pormenores de la convocatoria para poder asegurar la cuantía que percibirá cada uno de los afectados. Los autónomos esperan que la situación mejore lo antes posible ante la problemática social que supone no haber cobrado en cinco meses.
Por el momento, y según se aprobó ayer, la Junta ha autorizado la concesión directa de una subvención de 334.000 euros a la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León para paliar la falta de ingresos de esos trabajadores autónomos, cantidad a la que se sumaran otras dos idénticas procedentes de la propia empresa y de la cooperativa Servicarne, para dotar un fondo de ayudas por un millón de euros.
Se trata de unas ayudas sociales articuladas bajo la figura de un convenio entre las tres partes —tal y como se anunció en julio— y dirigidas a los socios trabajadores por cuenta propia de la cooperativa, que eran unos 240, y que carezcan de actividad laboral tras el incendio que asoló la factoría el pasado 21 de mayo.
El acuerdo, que se canalizó a través de la Fundación Anclaje, de la que forman parte patronal, sindicatos y Junta, recoge que la ayuda tendrá una duración de un año y la cuantía «garantizará los ingresos que percibían los afectados en base a las cantidades que obtuvieron en el 2015 para el desarrollo de la actividad laboral», según la referencia del Consejo. Ello, con un tope máximo del salario mínimo interprofesional vigente en 2016, referido a doce pagas, con la posibilidad de un incremento del 30% en función del número de miembros de la familia.
Las ayudas comenzarán a llegar en unos días en cuanto dé tiempo a los trabajadores a autorizar el acceso a sus datos, detalló la también consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros Marcos.
Cuando se anunció que se articularían las ayudas, a finales de julio, Marcos recordó que para los autónomos cooperativistas «no hay ninguna solución arbitrada», aunque planteó las medidas que «de forma excepcional se tomarían para este caso». La consejera avanzó entonces que el objetivo es que los autónomos afectados cobren el salario mínimo interprofesional, de 655 euros cada mes hasta que se reconstruya la planta. Además, se fija un complemento del 10% por hijo al cargo, hasta el tercero.
No obstante, y a falta en ese momento de un mapa social, se planteó el análisis de cada caso, comprobar que no se está trabajando en ningún otro lugar o que no se cobran prestaciones que superen este salario mínimo.