Dos años y medio para Victorino Alonso por arrasar el patrimonio
Un juzgado de Huesca condena al empresario por los daños de un yacimiento del Neolítico.
Victorino Alonso presta declaración durante la vista oral, celebrada en septiembre. JAVIER BLASCO / EFE
A. Domingo | Redacción
«Denota mala fe y la intencionalidad de la acción, así como el conocimiento de su ilicitud y la voluntad de evitar una prohibición más que segura». Así califica la sentencia del Juzgado de lo penal número 1 de Huesca el proceder del empresario leonés Victorino Alonso en la destrucción del yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves. Quizá el más importante del Neolítico de la península Ibérica y cuya relevancia jamás se sabrá después de que, según la sentencia, Alonso ordenara convertir la cavidad en establo de animales en octubre de 2007. La resolución judicial le impone una condena de dos años y seis meses de prisión por la comisión de un delito sobre el patrimonio histórico —se castiga hasta con tres años de cárcel—, a la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante este periodo, el pago de las costas judiciales y de una indemnización de 25.940.805 a la Diputación General de Aragón por los daños, de los que responde subsidiariamente la empresa Fimbas, S.A., propietaria de la finca en la que se encontraba el yacimiento, que controlaba Alonso.
El juez considera que Victorino Alonso conocía la importancia del yacimiento «de primera mano», así como su protección, y, sin embargo, ordenó una obras que «supusieron la práctica destrucción del nivel neolítico». Una retroexcavadora sacó de la cueva 2.247,268 metros cúbicos de sedimentos, de los que 1.017,400 fueron sedimentos arqueológicos.
El juez valora los hechos a fondo. Explica su decisión en 27 folios de una sentencia que no es firme y cuyo recurso ya ha anunciado la empresa de Alonso: Fimba. De momento, no será ejecutiva.
La exposición del magistrado rebate la prescripción del delito que alegó la defensa en la vista oral. Señala que las diligencias judiciales se iniciaron antes de que finalizara el plazo y que, si bien no se investigó desde un primer momento a Alonso, fueron las diligencias judiciales que siguieron a la denuncia de la Fiscalía las que llevaron a determinar la responsabilidad penal del empresario.
La Cueva de Chaves estaba protegida como entorno de la Cuevas de Solencio, por la ley aragonesa de patrimonio, al tratarse de un lugar con restos arqueológicos, por el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, la Red Natura 2000 e incluso la Unesco, que cataloga todo el arte rupestre del Mediterráneo Patrimonio de la Humanidad, por albergar ejemplos de pintura iguales a los de la Cuevas de Solencio.
Diluir la responsabilidad
Aunque no ocupaba un «puesto visible» en Fimbas, Alonso concurre como representante d ésta en un contrato de arrendamiento de caza, mantuvo conversaciones con el director del parque natural sobre una posible permuta de terrenos —no se efectuó por la destrucción de los restos— y acudía al coto «una vez al mes, no sólo a cazar, sino también a controlar las obras que se acometían en la finca», motivos, entre otros, por los que no cabe duda de su responsabilidad. La sentencia refiere una trama para diluir la responsabilidad de lo ocurrido y el envío de faxes a quienes eran llamados a declarar o el juez instructor imputaba.
Un yacimiento —en fase de excavación inicial, pese a descubrirse en 1977— presentaba 110 metros en los que el trabajo arqueológico era patente, pero con una superficie total de 3.300 metros cuadrados por investigar.
Victorino Alonso se dirige a la sala de vistas ante una concentración de denuncia. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
La cueva de Chaves en imágenes de archivo. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN