Ronda de contactos en Astorga por el futuro de la estación

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León

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a.g. Valencia | astorga

Después de que el jueves se conociera la decisión de Adif de suprimir la venta directa de billetes en la estación de Astorga, la maquinaria municipal se ha puesto en marcha para tratar de que el administrador dé marcha atrás.

En esta línea, el alcalde de Astorga, Arsenio García se reunió ayer con los senadores leoneses Luis Aznar y Esther Muñóz para explicarles la necesidad de realizar cuantas gestiones sean posibles para evitar la posible automatización del servicio de expedición de billetes en la Estación de Astorga. Los senadores solidarizaron con la corporación astorgana y ayudarán al regidor en sus gestiones en Madrid para, entre otras, concretar una reunión con el presidente de Renfe

Además, en la agenda del alcalde, también hay prevista una reunión de trabajo con la Consejería de Fomento de la Junta, a cuyo consejero, Suárez Quiñones, también se le solicitará su apoyo en aras a la conservación del actual servicio de la estación de ferrocarril de Astorga, importante punto de comunicación para la comarca.

Asimismo, el Ayuntamiento cuenta ya con el compromiso por parte del presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, para respaldar en el pleno de la institución la moción que salga de la corporación del Ayuntamiento de Astorga.

Por otro lado, esta tarde a las 20.00 horas la corporación celebrará un pleno extraordinario y urgente para pedir a Adif y a Renfe que den marcha atrás en la decisión. El objetivo de la sesión será debatir y apoyar una moción en defensa del servicio de venta de billetes en la estación de Astorga, una propuesta que ya comenzó a perfilarse en el último pleno ordinario celebrado el jueves — el mismo día que la decisión de Adif— y que cuenta a priori con el consenso de todos los grupos para pedir que la infraestructura astorgana se mantenga con las mismas características que actualmente.

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La decisión ha caido como un jarro de agua fría y los representantes municipales consideran que la medida «es un ataque a los intereses de la ciudad». También los empresarios de la comarca han mostrado su rechazo a la medida al entender que los servicios «son básicos para impulsar la economía».