UPL exige unas normas urbanísticas provinciales acordes al medio rural

A. Domingo | León

Adaptar las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial a la normativa actual y que su nueva redacción recaiga en un grupo de expertos —ingenieros agrónomos e industriales y arquitectos—, a fin de que se ajusten a las necesidades de los municipios del medio rural es la finalidad de una moción que registró ayer el portavoz de la UPL en la Diputación, Matías Llorente.

Llorente explicó ayer que ya ha puesto de relieve ante el pleno de la corporación provincial los problemas que generan las normas urbanísticas provinciales —que se aplican en los municipios que carecen de esta normativa—, sin obtener resultados positivos: «Después de siete meses no se ha hecho nada». Inoperancia que le ha llevado a plantear la moción.

Las normas urbanísticas provinciales rigen en municipios «sin capacidad para elaborar las suyas propias» —el coste de redacción de este planeamiento se sitúa entre 40.000 y 50.000 euros, indicó—, pero este instrumento urbanístico «se elaboró en 1991 con un espíritu urbano y no rural». La Ley de Urbanismo de Castilla y León es posterior, de 1999 y su reglamento data de 2004.

Su antigüedad, una interpretación estricta de los técnicos del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación y la tardanza —«de seis a ocho meses—» en elaborar unos informes «lleva a muchos ayuntamientos a contratar un arquitecto que informe sobre los proyectos que se plantean tanto en suelo urbano como rústico», manifestó el diputado.

Pese al carácter «preceptivo, pero no vinculante» de estos informes, muchos alcaldes deniegan las licencias de obra cuando son desfavorables, lo que impide que salgan adelante proyectos de obra tanto de vivienda como otros que afectan a la actividad económica, como la construcción de naves para la agricultura y ganadería.

Medidas provisionales

Las normas urbanísticas provinciales «suponen un agravio para los vecinos de los municipios que carecen de planeamiento propio frente a los de otros que disponen de este», aseguró Llorente, que también reclamó «celeridad a la Comisión Provincial de Urbanismo —de la Junta de Castilla y León — a la hora de resolver los expedientes» en los que es necesario su informe, ya que se demora incluso «un año».

Hasta que la comisión de expertos dote a la provincia de nuevo planeamiento general, UPL propone «adecuar» las actuales, eliminando «rigideces y aclarando algunos conceptos «de difícil interpretación». En concreto en lo referido a alineaciones, altura de naves agrícolas, huecos, cubiertas y aleros, en suelo urbano; y a morfología de las naves y huecos, en terreno rústico.