El campo cobrará los daños de la sequía tras el cierre de la campaña

m. carnero | león

El Gobierno central aprobó ayer las medidas para paliar las pérdidas en agricultura por la sequía, cuya principal novedad consiste en conseguir que Agroseguro agilice los peritajes por los daños causados por la falta de agua en las cosechas durante el próximo mes de julio para que en agosto estén acabados en el próximo mes de agosto. La idea del Gobierno es que el pago de las indemnizaciones a los agricultores se realice en la misma fecha que si hubiesen podido vender la cosecha. Esto gracias al incremento del número de peritos en el campo (previsión de 360 peritos en todo el territorio).

Una de las medidas fuertes de este decreto son las exenciones en las tasas de riego, que supondrán una disminución de ingresos de 53,8 millones para las confederaciones hidrográficas, que beneficiarán a los regantes del Duero con un ahorro de ocho millones de euros, a los del Segura de 37,2 millones y a los del Júcar de 8,5 millones. También se contempla una moratoria para los productores de todo el país en el pago de cuotas a la Seguridad Social.

El Gobierno dio el visto bueno a un real decreto-ley cuyo objetivo es «dar apoyo financiero» a los productores ante la escasez de precipitaciones, según declaró la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra repasó la situación hidrológica e insistió en que el déficit de lluvias es desigual en el país, mayor en la cuenca del Duero e incluso en zonas que tradicionalmente tienen precipitaciones elevadas, como Galicia y el resto de la Cornisa Cantábrica.

García Tejerina detalló que las medidas aprobadas se centran, en parte, en las cuencas del Segura y del Júcar, oficialmente en «sequía hidrológica» desde 2015, y en la cuenca del Duero, para la que el Gobierno tramita por vía de urgencia una declaración similar. De hecho para evitar la pérdida de estas ayudas, se está tramitando la inclusión de una disposición en el Real Decreto por el que se declara la situación de sequía en el Duero, por la que el Ministerio reconoce que la actual sequía constituye un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural, por provocar daños que destruyen más del 30% de la producción anual media para este ámbito territorial. Esto va a permitir flexibilizar las condiciones de cumplimiento de los requisitos para cobrar el ‘pago verde’ y las medidas agroambientales.

Pago a la Seguridad Social

Según Tejerina, el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social ha dado el visto bueno a un aplazamiento «de un año» en el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y trabajadores de explotaciones agrarias afectadas por sequía, en todo el ámbito nacional, sin intereses en el pago.

Las medidas aprobadas, se suman a otras ya lanzadas para mejorar el acceso de las explotaciones agrarias al seguro, su fiscalidad y a la financiación, ha recordado.

Además, avanzó que trabaja en una «nueva orden de ayudas a la financiación» o al acceso al crédito, dirigidas a los cultivos más afectados por sequía.

El Mapama, a través del Fega va a solicitar a la Comisión la autorización del adelanto del 70% de las ayudas directas de la PAC y el 85% para desarrollo rural, lo que supone un montante de más de 3.000 millones de euros a nivel nacional. Desde el 1 octubre (inicio de la campaña hidrológica) hasta junio, la media nacional de las precipitaciones ha sido un 13 % inferior a lo normal y la reserva hidráulica peninsular es de 54,2 %; en la cuenca del Duero, la bajada de las lluvias se sitúa en el 42 %.

La proximidad del verano hace pensar en que el panorama hídrico se «deteriore».

En este sentido, la ministra ha remarcado que —aunque no hay riesgo de abastecimiento de agua a la población— es necesario «ahorrar» y propiciar un uso más eficiente.