El abogado del asesino de la peregrina propone que sea puesto en libertad

miguel ángel zamora | león

Miguel Ángel Muñoz Blas, el varón condenado a 23 años de prisión por el asesinato de la peregrina Denise Pikka Thiem en abril de 2015, solicitó este viernes su puesta en libertad de forma provisional por entender que no hay pruebas de que fuera el autor del crimen por el que fue hallado culpable en el veredicto del jurado popular que juzgó su caso la pasada primavera.

La Audiencia Provincial albergó una vista entre las partes, para decidir sobre la prórroga de la prisión provisional en la que se encuentra el condenado, que declaró por videoconferencia desde el Centro Penitenciario Madrid VI (Navalcarnero), al que fue trasladado desde Villahierro por petición propia, para recibir las visitas de su familia.

Ministerio Fiscal y acusación particular, encarnada esta última por el letrado leonés Fernando Rodríguez Santocildes, se oponen a esta medida y además solicitaron que se prorrogue hasta al menos la mitad de la pena el cumplimiento de la condena, por entender que se dan las circunstancias correspondientes. El letrado defensor, Vicente Prieto, propuso la excarcelación de su cliente hasta que se dicte sentencia firme, puesto que el caso se encuentra pendiente de recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según la sentencia, Muñoz Blas fue condenado a 23 años de cárcel por el asesinato de la peregrina y a tres años más por un delito de robo con violencia, además de que deberá indemnizar con 120.000 euros a los padres de la víctima y con 30.000 a su hermano. Igualmente, deberá devolver a los padres de Denise Pikka los 1.132 dólares que la peregrina portaba cuando se produjeron los hechos.

Los miembros del jurado consideraron probado que el 5 de abril de 2015, hacia el mediodía, la peregrina «Doña Denise Pikka Thiem, se desvió de la ruta oficial del Camino de Santiago siguiendo unas indicaciones falsas que le llevaron por delante de la vivienda de Miguel Angel Muñoz Blas, quien la acompañó hasta que la golpeó y la tiró al suelo, causándole su muerte por traumatismo cranoencefálico».

También consideraron probado que de manera inmediata a su muerte la enterró y le amputó ambas manos, así como que en agosto de ese mismo año y, bajo presión policial, cambió el lugar de enterramiento del cuerpo, hacia el que él mismo guió a la policía.

En su recurso, Vicente Prieto insiste – como ya hizo a lo largo del juicio – en la vulneración de derechos fundamentales, considerando que no se ha respetado el derecho de defensa en las primeras diligencias policiales y alegando irregularidades en la detención llevada a cabo, a través de un importante dispositivo policial, en la localidad asturiana de Grandas de Salime.

Rodriguez Santocildes considera que «todas estas cuestiones ya fueron desestimadas en su día por el TSJ de Castilla y León, cuando fueron alegadas en el Recurso de Apelación frente a la resolución que desestimaba las cuestiones previas al juicio planteadas por la defensa, por lo que no cabe la menor duda que serán nuevamente desestimadas»