EL FUTURO DE LA MINERÍA ■ EL CARBÓN EN EL PUNTO DE MIRA
Los sindicatos mineros critican la falta de medidas concretas del Gobierno
Proponen una comisión de expertos para analizar qué ocurrirá con el carbón a partir de 2019
Un momento de la reunión mantenida ayer en el Ministerio de Energía. RAQUEL P. VIECO
dl | león
La reunión de los sindicatos mineros ayer con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, se cerró sin que se anunciara «una sola medida que mejore la situación de los trabajadores y trabajadoras de la minería del carbón». Así lo aseguró ayer CC OO de Industria , quien valoró la buena disposición del secretario de Estado al diálogo, pero recordó que «es tarde para buenas intenciones, porque el sector mineroeléctrico necesita menos palabras y más actuaciones urgentes».
Los sindicatos del sector de la minería UGT Fica, CC OO y USO propusieron ayer que, en la reanudación de sus conversaciones con el ministerio en septiembre, se cree una comisión que establezca un calendario de reuniones para analizar la situación del sector conforme a las directrices europeas y elaborar un dictamen del sector que pueda abordarse en sede parlamentaria.
Además, con la composición de esta comisión con expertos del ministerio y representantes de los propios sindicatos, los mineros desean conocer qué ocurrirá con el carbón a partir del 1 de enero de 2019, la fecha tope para el cierre de los yacimientos no competitivos en España, y abordar el plan de ayudas.
El representante de UGT se centró en la realidad del sector, que a su juicio se refleja en que las centrales compran «mucho más» carbón de importación para producir electricidad, y ha advertido de que si la situación no se equilibra a favor del carbón autóctono cerrarán las empresas de extracción de este mineral. El secretario general del sector Industria de USO, Raúl Montoya, califió como «positivo» el dialogo con Daniel Navia, pero ha criticado que «solo hay buenas intenciones pero ningún compromiso».
Además, adelantaron que el Gobierno va a estudiar una fórmula legal para obligar a las centrales térmicas a «justificar mejor» las causas de los posibles cierres de actividad, por su repercusión directa en la producción de carbón nacional, aunque no les ha comunicado qué mecanismo se utilizará.