La Junta prioriza la instalación de banda ancha en las cuencas
Una línea de ayudas sufragará hasta el 90% de los proyectos de las operadoras de Internet.
A. DOMINGO | REDACCIÓN
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León priorizará los proyectos para la implantación de banda ancha que presenten los operadores de internet y telefonía que incluyan las poblaciones del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros (2016-2020), además de aquellas que puedan beneficiarse del Programa de Dinamización con Mayores Desafíos Demográficos de la Comunidad autónoma.
El objetivo de las ayudas es acelerar la extensión de las redes de alta velocidad a las zonas sin cobertura en la actualidad y sin previsión de servicio en los tres próximos años o aquellas en las que el servicio menor no alcance los 30 Mbps. Por otra parte, las localidades objeto de la actuación no superarán los 500 empadronados.
Las ayudas alcanzarán hasta un 90% de la inversión destinada a la extensión de la red, si bien se fija un importe máximo por proyecto que asciende a 250.000 euros. La dotación presupuestaria a esta ayuda alcanza un millón de euros, que podrían ampliarse hasta en 650.000.
Los proyectos presentados por las operadoras deberán contemplar, además del despliegue de redes de acceso de alta velocidad de última generación, la inclusión de los enlaces entre las centrales de conmutación y puntos de concentración intermedios anteriores al domicilio del usuario, con capacidad suficiente para proporcionar acceso a otros operadores que lo soliciten. Con el fin de ofrece un servicio de banda ancha (30 Mbps) o ultrarrápido (100 Mbps), los operadores podrán utilizar cualquier tecnología disponible.
Acceso
El 92% de la población de Castilla y León dispone de un servicio de velocidad superior al universal, de 1 Mbps, que supera los 10 Mbps para el 82%. Sin embargo, la Administración autonómica reconoce que aún existen zonas en las que el usuario no dispone de la calidad o de las prestaciones que demanda, situación que, señala la Comunidad autónoma, se intenta revertir mediante acuerdos con los operadores. La Dirección General de Telecomunicaciones estima que en esta situación se encuentra 6.000 castellanos y leoneses.