Valdeón y Sajambre pretenden excluir 5.000 hectáreas de Picos
Asape inicia una campaña para sacar los pueblos de ambos valles del espacio protegido.
Un cartel refleja la petición de los municipios de Valdeón y Sajambre de salirse del Parque Nacional de Picos de Europa. RAMIRO
rafa reyes | valdeón
Los vecinos de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón no contemplan la opción de seguir formando parte del parque nacional. A través de la Asociación de Propietarios y Afectados por el Parque Nacional de Picos de Europa (Asape) defienden «el derecho a la propiedad, así como sus derechos históricos». Ambos términos tienen el cien por cien de su territorio dentro de los límites del espacio protegido, lo que conlleva una excepcionalidad que tiene que estar recogida en el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (Prug) que se está elaborando y estará listo en 2018.
«Los propietarios estamos aportando más de 5.000 hectáreas de terreno privado, además de nuestras propias viviendas». Así manifiesta Belarmino Posada, presidente de la asociación, su indignación respecto a la Ley de Parques, ya que considera que esta norma «nos discrimina». Aunque se está elaborando un nuevo Prug, debido a que el anterior fue anulado por una sentencia en 2005, los ciudadanos de Valdeón y Posada aguantan todo tipo de prohibiciones sobre sus bienes sin ningún tipo de compensación. Desde la asociación discrepan respecto a que «el Prug tenga carácter prevalente sobre el plan urbanístico, ya que debe ser competencia exclusiva de los Ayuntamientos». En caso de que no lleve emparejado un plan económico y de compensaciones por las limitaciones que sufren, volverán a recurrirlo. Además, apuntan que el Parque Nacional carece de un plan de desarrollo sostenible.
Por otra parte, la dirección del parque determinó que los escombros no pueden mantenerse en el recinto, ya que ocasionan impacto ambiental, por lo que deben ser trasladados a Mansilla de las Mulas, pero a costa de los propietarios. Es decir, son ellos los que deben pagar el desplazamiento, lo que ha causado un profundo malestar entre los afectados.
Según establece la ley de la red de parques nacionales, no puede existir suelo de posible ampliación urbanística ni suelo urbanizado. Esto impide la existencia de polígonos industriales y ganaderos.
Segundo Casares, vicepresidente de la asociación, incide en «la injusticia que supone que les hayan privado del aprovechamiento de la madera», al mismo tiempo que considera «inaceptable que haya que pagar 80 euros por talar un árbol de nuestro propio jardín».
Las tres autonomías del parque, Castilla y León, Cantabria y Asturias trabajan conjuntamente en el cuidado de este espacio. Desde Asape critican que la Junta de Castilla y León no se haya involucrado en esta problemática.