EL ACCIDENTE, CUATRO AÑOS DESPUÉS
Las familias del accidente de la Vasco reclaman la apertura del juicio oral
Las acusaciones piden en conjunto 112 años de cárcel y 96 de inhabilitación para los 16 investigados.
Los compañeros de los mineros fallecidos volverán a recordarles mañana en Tabliza. RAMIRO
maría j. muñiz | león
Las familias de los seis mineros fallecidos en el accidente del Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa, del que mañana se cumplen cuatro años, reclaman la apertura del juicio oral contra los 16 responsables de la empresa investigados por este asunto, cuya complejidad está dilatando en el tiempo la determinación de responsabilidades sobre las causas del siniestro. Las acusaciones han presentado los escritos en los que reclaman para cada una de las personas que consideran responsables del siniestro una sua total de siete años de prisión, una multa de 30 euros al día por doce meses y seis años de inhabilitación profesional.
La jueza que lleva el caso, en el auto dictado este verano, considera presuntos responsables de no haber puesto solución a los problemas de seguridad que se habían observado en la explotación al presidente y consejero delegado de la Hullera Vasco Leonesa, Antonio del Valle; junto con el vicepresidente Arturo del Valle y el vocal Aurelio del Valle; además del director general, Mario Calvo, y el director facultativo del Grupo Tabliza, José Eliseo Solís. También están en la lista de investigados los ingenieros técnicos de minas del grupo Tabliza David Toribio, Javier Martínez Rico y Jairo Gómez Bartolomé; además de los vigilantes Carlos Conejo, José Ramón González y Óscar Luis Dopazo. Igualmente se responsabiliza presuntamente a los ingenieros Marcos Ulecia, José Carlos García Jarrín; y a los vigilantes Andrés Rodríguez Cuesta y Alberto Rivero, junto con el delegado minero de seguridad Alberto Fernández.
Las acusaciones piden para cada uno de ellos tres años de prisión y multa de 12 meses con 30 euros al día por delito contra los derechos de los trabajadores (artículos 316 y 318); además de 4 años de prisión e inhabilitación profesional por un período de 6 años por delito de homicidio imprudente (artículo 142). Y consideran que «no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal».
En total, las penas que se reclaman a los investigados por el más grave accidente de la minería leonesa en los últimos años suman 112 años de cárcel, 96 de inhabilitación y una multa de 31.200 euros.
El Juzgado de Instrucción Número 4 de León lleva el caso de los seis mineros que murieron por asfixia a causa de un escape de gas metano, en el que están también personados otros nueve mineros que participaron en las tareas de rescate o se encontraban en el lugar de los hechos.
En el auto del pasado 3 de julio considera a los 16 investigados «responsables de la falta de medidas de seguridad y de la infracción de las normas de seguridad de riesgos laborales». Y destaca que «fueron muchos los avisos y los indicios de riesgo que la mina iba dando a diario, sin que fueran tenidos en cuenta por los +».
El análisis de los distintos informes concluye que se detectaron fallos tanto en la estructura física de la zona como en los sistemas de ventilación, que mostraron señales de alarma que no se atendieron y «resultaron una trampa mortal para los trabajadores».