LEÓN ■ LA BRECHA DIGITAL
El Gobierno pide datos a los municipios para actualizar el mapa de zonas blancas a las que no llega Internet
Abierta la consulta pública para conocer los rincones a los que no llega la banda ancha
La consulta trata de conocer a qué zonas del país aún no llegan al menos los 30 megas. JESÚS
dl | león
El Gobierno ha puesto en marcha una consulta pública para actualizar el mapa de zonas de España en las que no hay cobertura de redes de banda ancha de nueva generación (velocidades superiores a 30 Mbits por segundo), ni previsiones de que vayan a tenerla en el plazo de tres años.
Según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital ha abierto la primera fase de la consulta pública para identificar estas áreas, conocidas como zonas blancas de banda ancha de nueva generación (NGA).
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital (SESIAD) recopila todos los años información detallada de la cobertura de la banda ancha proporcionada por los distintos operadores existentes en España.
A partir de la información de la situación y de las previsiones a 3 años reportadas por los operadores, se elabora la relación preliminar de entidades singulares de población en las que ya existe un cierto grado de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación o está prevista su dotación en los próximos 3 años.
Estas entidades deben ser excluidas de la consideración de «zonas blancas NGA» a efectos de la concesión de ayudas de Estado para la realización de proyectos de extensión de la cobertura de redes NGA a zonas blancas durante el año 2018.
La relación preliminar es sometida a consulta pública para contrastar la veracidad y completitud de la información reportada. Una vez resueltas las alegaciones presentadas, se obtiene la relación definitiva de entidades singulares de población excluidas de la consideración de zonas blancas NGA que son de aplicación a las ayudas que se pretendan conceder en ese año.
La actual consulta pública estará abierta hasta el 31 de diciembre próximo y se dirige, además de a los operadores, a las administraciones públicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y otros agentes.