El coto de caza de Victorino Alonso tiene seis expedientes por daños ambientales
La infracción más grave fue contra la Ley de Caza por introducir una especie exótica, el arrui.
dl | león
El Gobierno de Aragón mantiene abiertos seis expedientes sancionadores contra la empresa Fimbas —propiedad de Victorino Alonso—, que gestiona la explotación cinegética de Bastarás en el término municipal de Casbas de Huesca.
El empresario leonés ya fue condenado en noviembre de 2016 a dos años y medio de cárcel y a pagar una indemnización de 25,5 millones de euros por la destrucción del yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves. Este enclave forma parte de la finca cinegética de Bastarás, de dos mil hectáreas, ubicada en el parque natural de la sierra de Guara. Se trata de un pueblo abandonado que fue comprado en 1974 por la familia Raventós (cavas Codorniu) para convertirlo en coto de caza. Los Raventós la vendieron a los Lafayet (bolígrafos Bic) y estos a la actual gestora, la mercantil Fimbas, en la que presuntamente el magnate Victorino Alonso maneja las riendas mediante un complejo entramado societario.
Según informa en su edición de ayer Heraldo.es , la empresa Fimbas tiene abiertos seis expedientes por hacer o ensanchar pistas, eliminar vegetación, colocar vallado y otras estructuras metálicas, excederse en la edificación de un almacén, roturar 120 hectáreas o construir balsas para beber a los animales. Dos son de 2008, dos de 2009, una de 2012 y otra de 2013. Pero la propia sentencia habla de que desde 2006 acumuló diez. Uno de los expedientes caducó y prescribió la infracción.
Fimbas ha pagado casi 80.000 euros en multas por infracciones, a la Ley de Montes, todas graves salvo una, de entre 300,51 y 33.000 euros. La sanción por el almacén de dimensiones superiores a las autorizadas fue de 9.000 euros, pero además debía derribar el exceso de edificación, algo que no ha hecho. En otro expediente por abrir una pista, hacer una balsa y poner una valla, se le impusieron 60.000 euros. Recurrió y se quedó en la mitad. Algunos expedientes se paralizaron mientras se investigó si había delito ecológico, pero quedó absuelto.
La infracción administrativa más grave fue contra la Ley de Caza, por introducir una especie exótica, el arrui, que le costó la anulación del coto. Esta se hará efectiva en 2019, ya que la DGA debe comprobar la captura de otras especies alóctonas y la reducción de las autóctonas antes de la retirada del vallado. Será en junio de ese año cuando se realice el censo final para asegurar que no quedan ni muflones ni gamos y que hay un máximo de 150 jabalíes y 50 ciervos. Solo entonces, se instará a la propiedad a quitar el vallado.
A lo largo de 2018 se actuará sobre todo en la vigilancia del cercado norte, unas 1.000 hectáreas, y se prevé poder eliminar la valla de esta parte. La empresa tendrá tres meses para quitar el cercano desde que se le dé la orden.