Competencia rechaza la propuesta de Nadal para cerrar las térmicas

El proyecto de real decreto que regula el procedimiento de generación de instalaciones de generación eléctrica, por el que el Ministerio de Energía pretendía frenar la decisión de Iberdrola de cerrar las centrales de Lada (en Asturias) y Velilla (en Palencia) y mantener el actual parque de generación con cargón, incluye criterios que dan «un margen de discrecionalidad a la Administración que crea inseguridad jurídica para nuevas inversiones». Supera además los márgenes de actuación que contempla la actual normativa tanto nacional como europea y no se ajusta a la realidad de la seguridad de suministro que exige el sistema, que debe ser revisada en profundidad y con nuevos sistemas de cálculo.

Son sólo algunas de las conclusiones del informe hecho público ayer por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; que para su elaboración contó con las contribuciones de las asociaciones empresariales energéticas, las principales empresas y administraciones, entre ellas la Junta de Castilla y León.

La propuesta que el ministerio que dirige Álvaro Nadal trasladó a Competencia pretende establecer límites a las decisiones de las empresas de cerrar sus centrales, ya que las considera «instrumentos de planificación energética» que tienen implicaciones en la seguridad del suministro, el cambio climático y el precio de la energía. Además, para evitar el cierre de las centrales que el Gobierno considera necesarias para el sistema el proyecto prevé un procedimiento de subasta para enajenar una central en el caso de que su operador la rechace, de forma que un tercero pueda mantenerla en activo.

Competencia considera que incluso en un año como 2017, con condiciones climáticas especialmente complejas, el reducido funcionamiento de algunas centrales «pone en riesgo su viabilidad económica». El organismo que dirige José María Marín Quemada insiste en que el sistema de generación español tiene un «claro exceso de capacidad», y que en todo caso es necesario «desarrollar el marco normativo que resulte de la aplicación en el futuro de un eventual problema de seguridad en el suministro».

Punta también que el consumido de electricidad «ha venido pagando desde el inicio de la liberalización unos pagos por capacidad a las instalaciones de generación para contribuir a la recuperación de sus costes fijos», y financiando desde la crisis «instalaciones cuya disponibilidad efectiva sería muy limitada».

Recuerda Competencia que la normativa actual permite al titular de una central cerrar cuando considere, siempre que no exista un problema de seguridad en el suministro. Y aunque «comparte la preocupación del ministerio», aboga por revisar la metodología para detectar estos problemas de seguridad; además de desarrollar un «procedimiento de cierre temporal de las centrales de generación» para ajustar el exceso de capacidad del sistema. «Si este procedimiento se hubiera desarrollado en la ley de 2013, el consumidor habría dejado de pagar unos 170 millones de euros anualmente por este concepto».

En todo caso, Competencia señala que condicionar la autorización del cierre puede contradecir el principio de libertad de empresa, por lo que «procede interpretarlo de forma restrictiva». Y las fórmulas propuestas «exceden el alcance de la habilitación legal».