La reestructuración de la Junta afecta a 150 trabajadores de Medio Ambiente, que ven peligrar sus puestos de trabajo

Cerca de 150 laborales indefinidos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ven peligrar sus puestos de trabajo ante la inminente reestructuración laboral que pretende llevar a cabo la Junta de Castilla y León.

Según el Asociación de Trabajadores Laborales Indefinidos de Castilla y León, se trata de personal con una media de edad de 47 años, y que en la mayoría de los casos llevan entre 15 y 30 años trabajando para la administración. Muchos de ellos son ingenieros de montes y forestales, geógrafos, biólogos, químicos o licenciados en ciencias ambientales a los que «la Junta va a despedir, con la excusa de vender una mejora de la oferta de empleo público, pero que en la práctica no supone un incremento de los puestos de trabajo en la administración regional, ya que se trata de despedir a trabajadores indefinidos con gran experiencia en el desempeño de sus funciones y sustituirles por otras personas», denuncia la asociación en una nota de prensa remitida a los medios.

Según este colectivo, en muchos de los departamentos, estos trabajadores representan más del 50% del personal técnico. Cabe destacar que el 30% de los técnicos del operativo de extinción de incendios forestales son personal laboral indefinido, y suponen cerca del 70 % en las provincias de León y Zamora. De hecho, el 100% del personal del Centro del Fuego es también personal laboral indefinido. La asociación asegura además que más del 50% del personal que gestiona y tramita las ayudas a particulares (reforestación de tierras agrarias y otros asuntos) tiene esta misma situación laboral, igual que una cuarta parte de los técnicos encargados de poner en valor los 3.500 montes de utilidad pública de la Comunidad.

Fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aclararon ayer que «son trabajadores que en su gran mayoría fueron contratados temporalmente por obra o servicio determinado» y explica que en su día demandaron judicialmente a la Junta de Castilla y León, reclamando la declaración de su relación laboral como indefinida no fija, por considerar que realizaban funciones estructurales propias del personal funcionario. Sus demandas fueron estimadas en su mayoría, y en la actualidad hay 139 trabajadores que prestan servicios en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con contrato laboral indefinido no fijo.

La administración afirma que, según la jurisprudencia, «el carácter de indefinido no supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en la función pública, pues ello sería contrario a las normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas».

Por este motivo, y según fuentes de la Consejería, «la Junta de Castilla y León se ve en la obligación de adoptar las medidas necesarias para la cobertura de los puestos de trabajo por los procedimientos regulares de provisión, que no son otros que el concurso u oposición, que deben regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Para concluir, la Junta afirma que «lo que está haciendo es cumplir con el contenido de las sentencias judiciales, como hace siempre».

Las sentencias a las que hace alusión la Junta únicamente reconocen el fraude de Ley en el que estaban sus contratos por obra o servicio, lo que se solucionó con el reconocimiento del contrato por tiempo indefinido. «Los jueces, a la vista del trabajo que realizábamos, tareas propias de la administración que en muchos casos no se correspondían con la obra objeto del contrato, resolvieron que nuestros contratos suponían fraude de ley y que, por lo tanto, nuestra relación laboral con la Junta de Castilla y León es de carácter indefinido», explica el colectivo afectado. «Ha sido, por tanto, la Junta de Castilla y León la responsable de crear esta situación laboral, y no los ahora afectados que entramos a trabajar en la Consejería a través de los diferentes sistemas, que la propia Junta estableció en cada momento conforme a sus intereses, como pruebas de selección o bolsas de empleo derivadas de dichas pruebas».

Para la asociación, la Junta de Castilla y León parece que, «excusándose infundadamente en una interpretación del cumplimiento de las sentencias, pretenden crear plazas de funcionario, en sustitución de los puestos de trabajo de este personal laboral indefinido, con nuestro consiguiente despido, en el momento que se ocupen las plazas creadas». La Junta afirma que «ésta es la única solución legal posible», indicando que las tareas realizadas hasta ahora por el personal afectado deben ser desempeñadas por personal funcionario. «Esta es una argumentación que rechazamos porque durante una media de 15 años, en algunos casos hasta 30 años, la Administración regional no ha visto problema en que dichas tareas hayan sido desarrolladas por personal laboral en lugar de funcionario», concluyen los trabajadores.