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Ecologistas en Acción y WWF denuncian el plan para matar lobos en el centenario de Picos

Aseguran que es totalmente contrario a los principios rectores de la Red de Parques Nacionales.

Un ejemplar de lobo en Riaño

Un ejemplar de lobo en Riaño

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Cuando se cumple un siglo de la declaración del Parque Nacional de Picos de Europa, Ecologistas en Acción y WWF, organizaciones integrantes del Consejo de la Red de Parques Nacionales, denuncian que el plan presentado recientemente por las administraciones gestoras en el Patronato del Parque Nacional de Picos de Europa para diezmar las poblaciones de lobos "es totalmente contrario a los principios rectores de la Red de Parques Nacionales".

"Dicho plan antepone claramente ciertos intereses privados y las presiones locales de sectores escasamente representativos al interés general que debe primar en estos espacios protegidos, recogido de forma explícita en la legislación básica del Estado como prioritario y preferente", aseguran.

El documento Protocolo de Regulación de la Población del Lobo en el Parque Nacional de Picos de Europa, promovido por el Principado de Asturias con el apoyo del gobierno de Cantabria y el de Castilla y León, "se ha realizado sin la más mínima justificación científica o técnica y basándose únicamente en una presunta “enorme demanda social” no cuantificada. El plan pretende incrementar la persecución del lobo hasta alcanzar un nivel de daños a la ganadería “tolerable”, algo que tampoco se cuantifica", explican Sin datos que lo corroboren y basándose, al parecer, en las opiniones de determinados alcaldes y ganaderos, el documento descarta la eficacia de las medidas de compensación y prevención y responsabiliza al lobo del declive de la ganadería extensiva dentro del Parque Nacional, concluyendo que “la clave es regular la población de lobo” aún más. No existe ningún dato técnico, ni informe oficial, ni aval alguno de la comunidad científica que justifique esa decisión.

El plan afirma además que, en caso de que las poblaciones de lobo se “saturen” dentro del Parque Nacional, podrían exportarse los lobos a los terrenos colindantes provocando un nivel de daños impredecible, lo que justificaría el mantener a raya sus poblaciones dentro del espacio protegido, según el comunicado enviado a los medios. Esto supone continuar con la política de eliminación de camadas y aumentar la caza de adultos con armas de fuego hasta que se considere necesario. Además de los cupos de “extracción” fijados cada año, en caso de producirse daños reiterados al ganado, el protocolo faculta para matar lobos en cualquier momento del año. También permite que los lobos no solo sean abatidos por funcionarios, sino que a partir de ahora pueden participar cazadores autorizados ajenos al Parque Nacional.

Por último, "se pretende dejar en manos del Comité Técnico y de la Comisión de Gestión, (formada por las tres comunidades autónomas implicadas, un representante de la Administración General del Estado –con voz pero sin voto– y un representante de los propios ayuntamientos del Parque Nacional) la decisión sobre el cupo de lobos a matar o sobre la realización de los controles excepcionales. Todo ello de espaldas a la sociedad, sin transparencia ni información, sin ninguna participación social y sin ningún tipo de análisis previo por parte de la comunidad científica".

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