Ecologistas en Acción denuncia a la Mesa de las Cortes por la Ley de Caza

Ecologistas en Acción presentó ayer ante la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) una denuncia penal contra los integrantes de la Mesa de las Cortes por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, al haber admitido a trámite la Proposición de Ley presentada el pasado 28 de febrero por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos con la finalidad de «pasar por encima» de la suspensión cautelar de la caza ordenada por el alto tribunal.

La organización recrimina en un comunicado la actuación del hasta ahora presidente en funciones de las Cortes, Ramiro Ruiz Medrano, y los cuatro procuradores que integran la Mesa de las Cortes porque deben respetar la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales. Recordó que la pena por los delitos denunciados alcanzaría de seis meses a un año de prisión y de 11 a 22 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

También cargó contra los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Ciudadanos y UPL por aceptar la «invitación a delinquir» realizada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñónes, para que enmienden su «ineptitud» y la de los responsables de la Dirección General del Medio Natural de Castilla y León, a través de la Proposición de Ley que se discutirá hoy miércoles en el Pleno de las Cortes.

Precisó que los dos autos dictados recientemente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo se suman a otra decena de sentencias judiciales firmes del TSJCyL que han anulado buena parte de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Caza de 1998, 2011, 2015, las Órdenes Anuales de Caza de 1997, 2002, 2010 y 2016, los Planes de Conservación y Gestión del Lobo de 2008 y 2016 y los planes de aprovechamientos comarcales del lobo entre 2015 y 2019. «La ilegalidad reiterada de la regulación de la caza en Castilla y León durante las últimas dos décadas obedece a la incapacidad de la Junta de Castilla y León para hacer compatible esta actividad con la normativa de conservación de la fauna», apuntó Ecologistas en Acción en un comunicado.

También, subrayó que tanto la Ley estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como las directivas europeas de Aves y Hábitats y la propia Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León supeditan la caza a la conservación de las especies que puedan considerarse cinegéticas, motivo por el cual los tribunales vienen exigiendo al Gobierno regional que acredite el cumplimiento de dicha normativa y justifique que la práctica de la actividad cinegética se basa en estudios científicos sobre la situación de las distintas especies silvestres, así como del grado de incidencia de la caza en su conservación.

«MÍNIMO DE CAPACIDAD»

«Resulta bochornoso que año tras año la Consejería de Fomento y Medio Ambiente incumpla este principio básico, y que sean las organizaciones ambientales las que deban exigir sistemáticamente ante los tribunales de justicia el cumplimiento de la más elemental legalidad», consideró. Por ello, la organización recomendó a la Federación de Caza de Castilla y León reclamar a las autoridades regionales un «mínimo de capacidad» para sujetarse a la normativa, en lugar de arremeter contra los colectivos sociales y los jueces que están poniendo de manifiesto, sentencia tras sentencia, el «absoluto descontrol» de la caza en Castilla y León.