Murias: «Cerrar la mina en el 95 hubiera sido una irresponsabilidad»

Una de las declaraciones más esperadas fue la del por entonces alcalde de Villablino por IU, Guillermo Murias, para quien la fiscalía reclama una pena de quince meses de prisión por prevaricación.

Cuando Murias accedió a la Alcaldía en agosto de 1995, El Feixolín ya estaba a pleno rendimiento en base a un acuerdo con la anterior corporación. «Cuando entramos en el Gobierno éramos conscientes de que faltaban algunas licencias y que se había modificado el Plan General de Ordenación Urbana para eliminar la protección del suelo, pero también éramos conscientes de la importancia social de la mina por lo que decidimos firmar la continuidad de la misma y acordamos con la empresa un convenio para regularizar su situación y para establecer una serie de medidas correctoras». El ex alcalde, que además era trabajador en excedencia de la MSP y que fue presidente de su comité de empresa, afirmó que nunca sopesó decretar el cierre de la mina en el 95, «primero porque consideramos que era legalizable su situación y segundo porque hubiera sido una irresponsabilidad social. Yo no podía cargar con el cierre de una mina cuando estaba avalada por el ministerio y las competencias ambientales eran de la Junta», afirmó Murias, que reconoció que la mina se convirtió en una «patata caliente» para su corporación.

Sólo cuando en 2005 una sentencia declaró que la actividad era ilegal, fue cuando el Ayuntamiento ordenó su cierre e inició un expediente sancionador que reclamaba 135 millones de euros que finalmente quedó en 800.000 euros.