Payuelos acuerda el pago del Canal Bajo, pero mantiene la pugna con CHD por el Alto
La Comunidad de Regantes de Los Payuelos cerró ayer uno de los frentes que mantiene abiertos con la Administración del Estado, con la firma del convenio para la explotación y financiación del Canal Bajo con la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) —titular de la infraestructura y dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica—, pero mantiene abierta con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la pugna por el pago de la parte que le corresponde de las obras del Canal Alto. Los comuneros mantienen ante el organismo de cuenca el mismo argumento que esgrimían ante Acuaes: la falta de desarrollo de la transformación en regadío, que impide al agricultor conseguir los rendimientos que le proporcionarían disponer de agua a presión a pie de finca.
El presidente de Payuelos, Jorge Álvarez, añadió que la CHD «no reconoce que el Carrión se ha aprovechado durante años de la obra del Canal Alto», por lo que deberían entrar en el acuerdo de financiación, además de plantear «una amortización imposible» por su cuantía.
La directora general de Acuaes, Rosa Cobo, manifestó tras la firma del convenio del Canal Bajo que entiende la reclamación de los regantes para que se desarrolle la transformación, pero la sociedad mercantil estatal «no podía ser la perjudicada» por el retraso que acumulan las obras.
Cobo explicó que el canal costó 131 millones de euros, de los que el 53% se financiaron gracias a ayudas de la Unión Europea, un 22% lo constituían fondos propios de Acuaes y el 26% restante corresponde «a un crédito privado», que debe recuperar la mercantil de los usuarios. Así, Payuelos abonará un tercio de esta cantidad, mientras que los regantes del Carrión asumirán otra parte, correspondiendo el último tercio a los regadíos tradiciones del Cea-Valderaduey.
La amortización del canal se ha dividido en anualidades, en función del desarrollo de los regadíos que dependen del Canal Bajo. El pago comenzará el próximo año con el equivalente a 1.600 hectáreas transformadas, que subirán a 3.200 en 2021. Hasta 2026 se pagará por 4.500 y, posteriormente, por las 14.500 que domina la infraestructura. Cobo añadió que el acuerdo contempla la posibilidad de revisarse en el futuro si no se cumple la programación de las obras.