El carbón y la presidencia española de la UE

Antes de que Francisco Álvarez Cascos pusiera de manifiesto las divisiones internas que los movimientos por la sucesión de José María Aznar están provocando en el Partido Popular, la atención política de la semana había estado en la resaca de la huelga general del 20-J y del Consejo Europeo de Sevilla, que puso fin a la presidencia española de la Unión Europea. Un semestre marcado por la inercia y la no superación de la crisis política e institucional que presenta la Unión desde hace ya varios años. Una presidencia en la que Aznar ha refrendado su alianza con el Reino Unido de Tony Blair para tratar de sacar adelante sus propuestas liberalizadoras y limitadoras del Estado de Bienestar. Sin embargo, a pesar de las amistades europeas de Aznar con Blair y Berlusconi los mejores resultados de la presidencia para España, y en concreto para León, han venido de la mano del apoyo alemán, la verdadera locomotora europea a pesar de sus problemas internos y de las dificultades de su economía para presentar un crecimiento sostenido. Fruto de ese apoyo, el futuro del carbón ha quedado despejado de aquí al final del 2010, la fecha límite que la Unión ha puesto a las ayudas a la minería, imprescindibles sobre todo en España y Alemania. En este asunto, el Gobierno sí ha sabido buscar sus alianzas en función de los intereses nacionales. De hecho, según los analistas, la prórroga de las ayudas a la minería es una de las decisiones más importantes que deja en España una presidencia europea monopolizada por la discusión sobre las medidas contra el terrorismo y contra la inmigración. La Política Agraria Común (PAC), un pilar fundamental de la Unión y en la que España se juega una gran parte de su futuro ante el reto de la ampliación al Este, queda en manos de Dinamarca. Los ministros de los quince El reglamento aprobado por el Consejo de Ministros de los Quince plantea el mantenimiento, hasta el 2007, de las ayudas destinadas a la reducción de la actividad minera, a garantizar el acceso a las reservas de carbón y las dedicadas a la cobertura de pérdidas por la explotación. Y fija igualmente la reducción progresiva de esas ayudas. Entre el 2007 y el 2010, sólo las empresas más rentables, de acuerdo con la reserva estratégica que se fije, tendrán acceso a las ayudas públicas. Este acuerdo era imprescindible para autorizar ayudas a la minería más allá del 23 de julio, fecha en la que expira el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y el régimen que permite los apoyos públicos al sector. Tras el Consejo Europeo de Sevilla, el secretario de Estado de Economía, José Folgado, compareció en el Congreso de los Diputados para explicar el acuerdo, que él mismo definió como «muy importante para dar tranquilidad y estabilidad al sector». Folgado, al que algunos sitúan como posible ministro de Industria después de la previsible reforma del Gobierno que Aznar podría llevar a cabo en septiembre, aseguró durante su comparecencia que el Ejecutivo aún no ha decidido que criterios aplicará para fijar la reserva estratégica (la cantidad mínima de carbón que cada país europeo seguirá explotando para garantizar su abastecimiento energético), puesto que no será establecida hasta el 2004, unos meses antes de que expire el actual Plan del Carbón. Acuerdo correcto para el PSOE El PSOE, que considera el acuerdo «correcto», ya ha pedido al Ejecutivo que la reserva estratégica no sea inferior al cupo de producción fijado en el Plan del Carbón para el año 2005. Mientras los responsables del Gobierno comparecían en el Congreso para explicar los detalles de la presidencia española, los sindicatos continuaban preparando nuevas movilizaciones en contra de la reforma del seguro de desempleo. El 15 y 16 de julio, coincidiendo con el debate sobre el estado de la nación se producirá el segundo acto de esas protestas, iniciadas con la huelga general del 20-J. A pesar de las campañas de propaganda en los medios de comunicación, el Gobierno aún no ha explicado cómo afectará el «decretazo» al sector minero. Folgado en el Congreso se limitó a señalar que la nueva norma obligará a los trabajadores desempleados a aceptar un empleo con determinadas características (que no especificó) y negó que afectara a quienes ahora cobran una prejubilación. Sin embargo, la reforma plantea que los trabajadores despedidos con planes de prejubilación no cobrarán el subsidio de desempleo y la indemnización que reciban será considerada como renta. El perjuicio para los trabajadores de la minería prejubilados (una gran mayoría) es evidente. Y la reforma, injusta, por lo que el Gobierno deberá explicarla más y mejor. El «decretazo» no parece ayudar a mejorar las expectativas de una zona de la provincia económicamente deprimida y abocada a la despoblación y el envejecimiento, donde una buena parte de su población activa se deja de ser productiva con apenas cuarenta años. Son las dos realidades que deja para León este semestre: la garantía de futuro de las cuencas hasta el 2010 y la desprotección creciente de sus trabajadores.