La vivienda y la tiranía del mercado

La media entre los países más desarrollados se situó muy por debajo, en el 148%. Y algunas zonas del entorno europeo presentan descensos en el precio de la vivienda: Alemania, por ejemplo, uno de los estados que mayores ayudas públicas conceden a sus ciudadanos para acceder a las viviendas, tanto en propiedad como alquiladas. El crecimiento especulativo del precio de la vivienda se ha disparado un 63,3% frente al 9,1% que lo hicieron los ingresos de las familias españolas. Así, una buena parte de la población, especialmente los jóvenes que quieren acceder a su primera casa, no tiene posibilidades de adquirir una vivienda. Este incremento espectacular se ha producido a pesar de la puesta en marcha de un plan urgente por parte del Gobierno para frenar la subida espectacular de los precios en el sector. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, -y varios compañeros de Gabinete-, lo ha explicado: el precio de las viviendas crece porque los españoles pueden pagarlo. No aclaró el ministro asturiano cómo fundamenta su argumento si el precio de cada metro cuadrado se incrementa siete puntos por cada uno que lo hacen los salarios de los españoles. Crisis de la bolsa Germán Pérez Barrio, director gerente de la sociedad de tasación Tinsa, explica el incremento de acuerdo con parámetros más creíbles que los que utiliza el propio Gobierno: la crisis de la Bolsa y la baja rentabilidad de la Deuda Pública. Ambos factores han convertido al sector inmobiliario en el mercado alternativo y más seguro para los inversores. Y la situación no parece que vaya a mejorar en los próximos meses, según la opinión de este experto. Por eso se hace cada vez más necesaria la intervención de los poderes públicos para garantizar un derecho básico de cualquier ciudadano, tal y como recoge el artículo 47 de la Constitución, que impone a las administraciones la obligación de impedir la especulación. Los últimos datos de Tinsa sitúan el precio de la vivienda nueva en España en 1.327 euros por metro cuadrado y la vivienda usada, en 1.096 euros. En León, la situación ya es tan preocupante como en el resto del país, con cifras que se acercan cada vez más a la media nacional. El precio de la vivienda usada se ha incrementado un 16% en la capital, donde el metro cuadrado ya alcanza los 1.024,5 euros, siempre de acuerdo con los datos de Tinsa. Ocho mil pisos vacíos Y ello a pesar de la gran cantidad de pisos vacíos que se encuentran en León: casi 8.000 (de un parque total de 65.000), según los datos del Ayuntamiento, que ha anunciado un plan para triplicar el impuesto de bienes inmuebles a los dueños de estas viviendas con el fin de aumentar los alquileres. Una medida positiva y necesaria, pero insuficiente si no se acompaña de un plan de ayudas que fomente el alquiler con precios asequibles (es decir, muy por debajo de lo que costaría una hipoteca, todo lo contrario de lo que ocurre ahora) y que permita a los inquilinos desgravar fiscalmente, una decisión que debe tomar el Gobierno central. En manos municipales queda la creación de un parque de viviendas públicas de alquiler destinadas a los ciudadanos con menos recursos. Sólo así España podrá acercarse a la media de la Unión Europea, donde cuatro de cada diez viviendas son alquiladas (una de cada diez en España). Además, los ayuntamientos y la Junta de Castilla y León deberían aumentar el número de viviendas protegidas, que no ha dejado de disminuir desde 1996. Por ejemplo, en 1993, la mitad de las viviendas construidas eran de protección oficial; el año pasado sólo lo era el 7% del total de las viviendas. Es la única manera de reducir el enorme esfuerzo que las familias tienen que hacer para poder disponer de una casa, a lo que las familias leonesas dedican casi la mitad de su sueldo. Las administraciones locales tienen un papel clave para frenar la especulación que vive el mercado de la vivienda. Y la mejor manera es destinar el suelo público a la construcción de viviendas de promoción pública y no venderlo al mejor postor, favoreciendo indirectamente el crecimiento de la burbuja especulativa. León es un buen ejemplo de cómo el suelo público, en lugar de favorecer el acceso a una vivienda digna, se utiliza para complementar los presupuestos municipales: así se hizo con los terrenos del antiguo Antonio Amilivia y así se hará con los terrenos del ferrocarril, por ejemplo, con la excusa de que las nuevas construcciones reducirán el precio del sector y podrán ser más asequibles para los leoneses. Nunca se ha construido más que ahora y nunca la vivienda ha presentado precios más elevados como los que está soportando el mercado inmobiliario. Por eso es necesaria la gestión pública de los recursos y no dejarlo todo al dictado del mercado.