La Junta se suma al desafío de Cantabria y anuncia su intención de volver a abatir lobos

«Si no actuamos ya la ganadería desaparecerá». Con estas palabras, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció ayer la intención del ejecutivo autonómico de autorizar la extracción de lobos en determinadas zonas en las que haya un aumento de ataques al ganado. Lo hace después de que gobierno de Cantabria anunciara la inminente captura de diez ejemplares en tres zonas afectadas por los ataques al ganado, contraviniendo así la orden del Ministerio para la Transición ecológica y Reto Demográfico aprobada en septiembre del año pasado y que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial, el famoso Lespre, lo que impide su caza en todo el territorio nacional.

También respaldó la propuesta de Asturias de realizar un control poblacional de lobos en el Parque Nacional de Picos de Europa, cuya gestión comparte precisamente con Castilla y León y Cantabria.

«Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León estamos juntas en esto y perfectamente coordinadas, hasta tenemos un grupo de whatsapp donde consensuamos todas estas actuaciones», explicó el consejero que confirmó así el «frente común» creado entre las cuatro comunidades autónomas que «hemos dejado de lado nuestras procedencias políticas para unirnos ante los ataques del ecologismo radical del ministerio para defender los intereses de nuestros ganaderos», aseguró el consejero leonés.

Lo que sí dejó claro Suárez Quiñones es que se hará con los informes jurídicos de la Junta de Castilla y León respaldando esta medida ya que «no vamos a permitir que ningún funcionario de la consejería ni nadie tenga problemas legales con el ministerio o con la Fiscalía por firmar la autorización de batidas».

El responsable de la Junta admitió que «el Ministerio con su cerrazón no nos ha dejado ninguna otra opción», ya que las condiciones contemplabas en la orden ministerial para hacer controles «son imposibles de cumplir, y no nos da ninguna solución al grave problema de los ataques».

En este sentido recordó que el lobo era una especie cinegética al norte de Castilla y León que «se cazaba de forma controlada con unos cupos establecidos, donde todo funcionaba razonablemente bien y se pagaban indemnizaciones a los ganaderos en las reservas donde la Junta es titular, tres en el caso de León, que son la de Mampodre, Riaño y Los Ancares».

El consejero admite que aunque los ganaderos las consideraban insuficientes, y se pagaban con cierto retraso, por la cantidad de expedientes que llegaban a tramitar, se había alcanzado un equilibrio». Tras la inclusión del lobo en el Lespre, la especie dejó de ser cinegética por lo que el mecanismo que antes se utilizaba para restituir el daño producido al ganado ahora no sirve. «Los expedientes anteriores resolverán en las próximas semanas pero los daños nuevos están sin soporte jurídico porque se lo ha quitado la orden ministerial y estamos trabajando en un nuevo sistema», ha avanzado.

Además, apunta que cualquier orden ministerial debe llevar un anexo con el impacto económico que supone llevarlo a cabo. «Esta no lleva, por eso y por otros muchos errores la tenemos recurrida», avanzó Quiñones que lamentó que «el Gobierno haga todo de una forma tan improvisada y chapucera».

También recordó que nada se sabe de los 20 millones de euros que el ministerio había anunciado para las comunidades autónomas como medida preventiva para paliar ataques y pagar indemnizaciones y daños compensatorios».

«Llevan meses hablando de esos 20 millones pero no se han repartido, lo que refleja una falta de compromiso total del Gobierno con la ganadería, a la que ataca dejando el lobo libre y no permitiendo a las comunidades autónomas indemnizar», aseguró. «Los ganaderos no pueden vivir sin un mecanismo que les proteja de los ataques del lobo y desde la Junta haremos todo lo posible dentro de la ley para lograr controles sobre la especie», sentenció.