León recibe 2,5 M€ para la extensión de las redes fijas de banda ancha por fibra
La resolución permitirá la conexión de 6.869 hogares y empresas de la provincia
El Gobierno, a través del Ministerio de Transformación Digital y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras, ha publicado la propuesta de resolución definitiva de la tercera convocatoria del Programa Unico-Banda Ancha, que asigna 15.691.473 euros para el desarrollo de nueve proyectos en Castilla y León, de los que 2.574.848 se invertirán en León, para continuar extendiendo las redes de fibra alta velocidad capaces de alcanzar 1 Gigabit a las zonas más remotas del país donde no había llegado la iniciativa privada.
En total, esta resolución asigna 134 millones de euros a 50 proyectos de 151 solicitudes válidas en todas las comunidades autónomas. Estos proyectos brindarán acceso a una conexión ultra rápida (de al menos 100 Mbps) a más de 350.000 hogares y empresas en España —6.848 en la provincia—, y movilizarán una inversión público-privada de 168 millones de euros.
La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha afirmado que «esta convocatoria va a culminar el despliegue de fibra que desde 2018 se ha impulsado desde el Gobierno de España. Estamos universalizando el acceso a la fibra con una inversión global de cerca de 1.150 millones de euros en beneficio de más de 5 millones de hogares y empresas».
González Veracruz ha reivindicado que «ya hemos eliminado la brecha digital entre lo urbano y lo rural garantizando velocidad ultrarrápida de al menos 100Mbps con el avanzado despliegue de la fibra y la solución satelital para zonas remotas del programa UNICO Demanda Rural (https://conectate35.es/), y con esta convocatoria culminamos la tarea para seguir a la vanguardia en Europa, ya que España lidera el despliegue de la fibra situándose 35 puntos por encima de la media comunitaria, según el último Informe de la Década Digital (antes DESI)».
Precisamente, alrededor de la mitad de los proyectos aprobados se centran en zonas de alto nivel de ruralidad, aislamiento y despoblación de comunidades y gran extensión geográfica como Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha, y el resto se distribuye por otras zonas despobladas del territorio español.