El campo redobla la presión tras los primeros retrasos en la distribución

El hartazgo del campo ante la falta de un plan de choque frente a las dificultades que atraviesa el sector volvió a quedar patente ayer en las carreteras españolas, donde los agricultores convocados por redes sociales —sin el paraguas de las grandes organizaciones, Asaja, Coag y UPA— cortaron vías y bloquearon accesos provocando grandes retenciones. El mayor foco de tensión de la segunda jornada de protestas se generó en Barcelona, donde un millar de tractores discurrieron por la avenida Diagonal antes de reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Con la intención de aprovechar el ‘efecto sorpresa’, la denominada plataforma 6F sacó ayer a la calle a unos 20.000 agricultores, por debajo de los 30.000 que se movilizaron el lunes. «El Gobierno se ha puesto con mano dura a pesar de no haberse sentado a negociar y ha habido muchos sancionados», explicaba su portavoz, Xaime da Pena. Toda la atención se dirige ahora a la jornada del próximo sábado, cuando está previsto que los transportistas se sumen al campo en sus protestas con la idea de «entrar en Madrid y paralizar los mercados». Las estimaciones apuntan a que entre agricultores, ganaderos y camioneros, podrían rondar los 50.000 vehículos, que amenazan con asediar Madrid e incluso con «intentar llegar a Ferraz», a las puertas de la sede del PSOE.

Puntos estratégicos Ante el riesgo de que la tensión se desboque en los próximos días —ayer también comienza el calendario de movilizaciones de Coag, Asaja y UPA— los principales representantes de la cadena de valor del gran consumo (reunidos en las patronales AECOC, ACES, ANGED, Asedas y FIAB) han pedido de forma conjunta que las protestas no se lleven a cabo a costa de paralizar la libre circulación de mercancías. «Algunas compañías reportan ya retrasos e incidencias en las entradas y salidas de sus plataformas en Cataluña, Madrid, Castilla y León o Levante, entre otras zonas, si bien no se prevén problemas de abastecimiento a los puntos de venta», aseguran.

En medio de toda esta presión, el Gobierno defendió ayer su compromiso con el campo, dejando claro que la agricultura marcará la agenda política de las próximas semanas, no solo en España, sino también en Bruselas. Durante la primera sesión de control del año en el Congreso, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recordó los 4.000 millones de euros desplegados en ayudas al sector primario en los últimos dos años. «Estamos con el campo no solo con palabras, sino con hechos», insistió, adelantando que «vamos a reforzar la ley de cadena alimentaria», una de las principales reivindicaciones del sector. La norma entró en vigor el pasado año con el objetivo de que ningún eslabón de la cadena pudiese trabajar a pérdidas. Pero los afectados denuncian que la regulación no se cumple, a pesar de que Agricultura asegura haber llevado a cabo 600 inspecciones. El ministro del ramo, Luis Planas, destacó ayer «el trabajo conjunto entre el Gobierno y los ganaderos» para limar esas distorsiones de precios. «En enero de 2022 la leche de vaca se pagaba al productor primario a 0,36 céntimos. En noviembre de 2023 a 0,51 céntimos, el nivel máximo de pago en la UE», ejemplificó.

Pese a todo, se comprometió a defender en Bruselas la flexibilización de la carga burocrática que implica la política agraria y medioambiental común. También un mayor control de las importaciones de terceros, con especial foco en Mercosur y los productos que llegan de Marruecos. Planas recordó que España es el cuarto país exportador agroalimentario de la UE y el séptimo del mundo, con un volumen de 70.100 millones de euros el último año. En todo caso, reiteró la importancia de establecer ‘cláusulas espejo’, con las que se exige a los productos importados las mismas condiciones de producción que se piden en Europa