León logra una fiscalidad diferenciada en los pueblos y nuevos planes de natalidad

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles por unanimidad tener en cuenta los criterios de envejecimiento y despoblación en las políticas públicas, impulsar medidas de fiscalidad diferenciada en el medio rural, mejorar los servicios e invertir en medidas especiales para el fomento de la natalidad y la fijación de jóvenes en los pueblos.

Una iniciativa que presentó el martes la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la pedía a la Junta un Plan Especial de Desarrollo de la Región Leonesa (las provincias de León, Zamora y Salamanca) y que han apoyado los grupos parlamentarios de PSOE, UPL-Soria Ya y Mixto (con la excepción de Por Ávila, que se ha abstenido), pero en la que PP y Vox han rechazado los puntos principales de la moción.

Alicia Gallego (UPL), que defendió esta propuesta, explicó que desde la creación de la comunidad de Castilla y León en el año 1983, la Región Leonesa ha concentrado cuatro de cada cinco habitantes perdidos por la comunidad, sumando entre León, Zamora y Salamanca una pérdida de 180.000 habitantes, «siendo a la que peor evolución demográfica ha tenido en periodo autonómico en toda Europa occidental».

La procuradora leonesista también solicitó como planes específicos para comarcas despobladas, como La Raya zamorana-salmantina fronteriza con Portugal, y acusó a «los partidos centralistas» de obligar «a los jóvenes a marcharse y a familias a romperse».

El rechazo vino de la procuradora de Fátima Pinacho (Vox) criticó al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por «vaciar los pueblos» de la Comunidad con la transposición de políticas europeas, mientras que Pedro Antonio Heras (PP) reivindicó las inversiones y servicios que garantiza la Junta en estos tres territorios.

Por otra parte, PP y Vox han rechazado este miércoles una moción que ha defendido la procuradora socialista Judit Villar Lacueva sobre la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (de cero a tres años), en la que solicitaban mantener la financiación autonómica y de otras administraciones, que estas escuelas pasaran a depender directamente de la Junta o que se crearan el mismo número de plazas públicas para estos años que se mantienen en la educación privada.

«Los ayuntamientos, la mayor parte de ellos en pueblos, han sido abandonados a su suerte por la Junta», ha criticado Villar, que ha reprochado al ejecutivo autonómico de «dejar las cosas a medias» y que ha advertido de la espacio en los centros públicos que soliciten la implantación de este ciclo.

El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha apoyado esta propuesta porque «la educación es el mejor ascensor social del mundo», también lo ha hecho el parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Fernández, al considerar que «imprescindible» la gratuidad de este primer ciclo y «extenderla en aquellos lugares que sean públicos» porque el PP «prioriza lo privado».

Antonio Paloma Sicilia (Soria Ya) ha insistido en la necesidad atender las necesidades del medio rural y abordar los problemas relacionados con el transporte, que ha criticado que «no se aplica el principio de igualdad ni se facilita la conciliación laboral» de los ciudadanos que viven en los pueblos, como sucede en el entorno rural soriano.

La procuradora de Vox, Ana Rosa Hernando, ha rechazado esta propuesta al entender que ataca el derecho de los padres a educar a sus hijos y ha reprochado a los socialistas «su odio» hacia lo privado, pese a que genera el 85 % del PIB y el 84 % del empleo en España, y ha pedido «más ayudas a la conciliación familiar y menos para favorecer a la inmigración clandestina».

María del Carmen Sánchez Bellota, del PP, ha criticado «el mensaje sectario y dogmático» del PSOE, ha defendido la labor y los 700 puestos de trabajos que genera la educación privada y ha reivindicado que Castilla y León ha sido la primera autonomía en garantizar la gratuidad de cero a tres años.