La burocracia demora el pago de las ayudas de incorporación al campo

El Procurador del Común en Castilla y León ha emitido una resolución en la que ha solicitado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la conclusión de los expedientes de ayudas a la incorporación agraria y a la modernización y/o mejora de dichas explotaciones del año 2019. La resolución adoptada por el órgano autonómico abarca dos peticiones a la Junta, la primera solicita que se adopten las medidas necesarias para finalizar la tramitación de las solicitudes que esten pendientes de ser fiscalizadas por los técnicos competentes de la administración. La otra petición atañe a los beneficiarios que no hayan presentado toda la documentación y desde el Procurador instan a la Junta para que requiera la devolución de las cuantías económicas que ya les hubieran adelantado.

El documento publicado hace alusión a las tramitaciones pendientes de las solicitudes para el establecimiento de personas jóvenes que se quieran dedicar al mundo de la agricultura y la ganadería, además de los expedientes que han solicitado aquellos usuarios que desean una modernización o mejora de su explotación agraria y/o ganadera. Los beneficiarios se comprometen con la Junta a ejecutar una serie de inversiones y/o compromisos en un tiempo determinado desde la fecha en que se les concede la ayuda en función de la subvención obtenida.

Estas ayudas han sido financiadas con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y para que se hagan efectivas deben hacerse al amparo de los planes estratégicos de la Política Agraria Común. La Consejería de Agricultura ha recordado que las ayudas convocadas de los años 2019, 2020 y 2021 han sido resueltas en su totalidad y que las subvenciones que corresponden al 2023 están «al 90%» pendientes de requerimientos o de trámites.

Desde el Procurador reclaman que, tras analizar las ayudas concedidas en el año 2019, hay un porcentaje de solicitudes que continuan pendientes de resolver «bien por no haber aportado todos los documentos acreditativos de compromiso o bien por no haber realizado los técnicos competentes las labores de comprobación requeridas». Los datos ofrecidos por la administración autonómica reflejan un 49% de solicitudes pendientes de certificación en las ayudas para la incorporación agraria y un 39% en las subvenciones para la modernización y/o mejora de dichas explotaciones. Desde la entidad piden a la consejería que finalicen aquellos expedientes con el objetivo de que los solicitantes puedan percibir las cuantías pendientes.

Algo menos de la mitad de las solicitudes tanto para la incorporación agraria como para la mejora de dichas explotaciones podrían estar pendientes de comprobación por parte de los funcionarios debido al estricto cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la normativa europea, han asegurado desde el Procurador.

El texto elaborado por la entidad también recoge la petición a la Consejería de Agricultura de requerir a los beneficiarios que no hubieran presentado la documentación requerida que justifique su cumplimiento en plazo, la devolución de las subvenciones otorgadas hace cinco años en esa convocatoria y que ya habían sido transferidas a sus solicitantes.