Diario de León

Así queda el yacimiento neolítico que destruyó Victorino Alonso en Aragón

El Gobierno aragonés ya tiene autorización del juez para evaluar los daños que el empresario minero infringió en la cueva de Chaves, pero no iniciará de momento actuaciones

La cueva de Chaves, protegida como BIC y parque natural y por la Red Natura 2000.

La cueva de Chaves, protegida como BIC y parque natural y por la Red Natura 2000.efe

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Agencias

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La Dirección General de Patrimonio del Gobierno aragonés no prevé acceder aún al yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves, por cuya destrucción fue condenado a 2 años de prisión el empresario leonés Victorino Alonso, a pesar de disponer de autorización expresa del magistrado que enjuició el caso.

Fuentes del Gobierno aragonés se han limitado a confirmar a EFE que no hay novedades respecto a la situación de este yacimiento, cuya ocupación autorizó ya a principios de octubre del año pasado el titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca en un auto en el que consideró el enclave como un espacio "de primer orden para conocer la ocupación prehistórica de esta zona aragonesa".

El magistrado respondía así a las insistentes peticiones formuladas desde la acusación particular, ostentada por Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) en nombre propio y en el de las asociaciones Valle de la Gloria, Ecologistas en Acción Huesca y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca, tras el retraso acumulado en la ejecución de la sentencia.

La Cueva de Chaves fue destruida casi en su totalidad en octubre de 2007 para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto, hechos que fueron denunciados en 2009 por la Fiscalía de Huesca a instancias del Gobierno aragonés.

La Audiencia de Huesca confirmó, en enero de 2018, la sentencia que condenó un año antes al empresario leonés del carbón Victorino Alonso a 2 años de prisión como autor del expolio de la cueva y al pago de 25,5 millones de indemnización por los daños causados.

Los retrasos acumulados en la elaboración de un informe judicial para valorar las parcelas que conforman la finca donde se ubica el yacimiento, un coto de caza gestionado por una sociedad vinculada al empresario, motivaron la petición de estas asociaciones, a la que se sumó la fiscalía de Huesca a finales de noviembre de 2024 a través de un escrito en el que instaba al juez la entrega de la finca "en el más breve plazo de tiempo posible".

Desde Apudepa han confirmado a EFE que la situación no ha variado desde entonces y que el coto de Bastarás (donde se ubica Chaves) permanece cerrado a pesar de la autorización dada por el juez, que apeló a la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón para autorizar la entrada a la zona de un equipo de expertos de la Universidad de Zaragoza para conocer el alcance de los daños causados.

A pesar de las insistentes solicitudes hechas y ante la falta de respuesta por parte de la Dirección General de Patrimonio, Apudepa pidió al magistrado, dos días después de hacerse público el escrito de la fiscalía, el cumplimiento del auto que autorizaba el acceso al yacimiento, considerado por los expertos como "la Capilla Sixtina del Neolítico".

Los responsables de Apudepa lamentaban recientemente en un comunicado las "evasivas e inexplicables" dilaciones por parte de la Dirección General de Patrimonio a la hora de acceder a la finca.

"No entendemos la equívoca actitud de Patrimonio en lo que nos parece una interpretación sesgada y restrictiva del auto judicial, máxime cuando el propio juez sostiene su decisión apelando a la Ley del Patrimonio Cultural aragonés", comentó entonces la presidenta de esta asociación, Belén Boloqui. EFE

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