La reapertura de la mina de Oville vulnera varias normativas ambientales europeas

Los vecinos de Oville, en el municipio de Boñar, no están solos en la lucha que han emprendido contra los planes de reapertura de la mina de sílice y caliza destinada a roca ornamental, que lleva más de veinte años cerrada, y cuya herida aún supura en el corazón de la montaña de esta localidad, ubicada a 1.200 metros de altitud en el Alto Porma.

El prestigioso biólogo Javier Castroviejo, que dirigió durante más de una década la Estación Biológica de Doñaña, y que en la actualidad preside la Estación Biológica del Cantábrico, ha querido acompañar a sus «amigos de Oville» —como el mismo les llama— para aportar sus conocimientos, su incansable activismo y todos los medios de la asociación que preside para impedir este proyecto al que no duda en calificar de «auténtica barbaridad».

El proyecto de la empresa Minerales y Sílices del Norte S.L y Silica Dust S.L para reabrir La Paz II, que así se llama la mina, trae consigo además la construcción de una carretera de siete kilómetros, para evacuar todo el material que se extraiga de la mina, y evitar el paso de los camiones por el casco urbano de Oville. Esta nueva infraestructura, que sorprendentemente ya cuenta con autorización ambiental, atravesará todo el monte, declarado de utilidad pública, y partirá a la mitad la montaña, que actualmente es además corredor del oso pardo, tal y como muestra una vecina en un vídeo que ella misma grabó de un joven ejemplar por la carretera entre Oville y Remellán. La zona, además, está rodeada por la Red Natura 2000, y que es la puerta natural al Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre.

El que fuera también presidente del Consejo Internacional de Coordinación del Programa Hombre y Biosfera (MAB) de la Unesco, e impulsor, entre otras, de las siete reservas de la biosfera que tiene la provincia, considera que la apertura de esta corta tendría una incidencia "catastrófica" sobre las especies, sobre todo las aves, el suelo, las aguas y los hábitats de interés comunitario prioritario que hay en este lugar. «Claramente, no puede hacerse, es totalmente ilegal, y si siguen adelante con el proyecto tendrán consecuencias penales graves», sentencia Castroviejo.

Lo que este biólogo, Premio Nacional de Medio Ambiente, no alcanza a entender es que la Junta autorice este tipo de proyectos «tan contaminantes y que afectan directamente a especies como el desmán, en peligro de extinción, el oso, y aves como el alimoche, y que supondrá la inevitable contaminación de las aguas, afectando gravemente a las poblaciones de truchas». Todo ello —añade—, "escudándose en un estudio de impacto ambiental del 2003, cuando se cerró la mina, que no tiene en cuenta todas las directivas comunitarias que pesan sobre este lugar, y que como bien deberían saber, tienen prioridad sobre las leyes nacionales».

La primera ilegalidad, a juicio de Castroviejo, «es haber tenido todos estos años la mina abierta sin restaurar, después de más de 20 años sin actividad», ya que la propia la legislación minera española obliga, desde 1982, a que todas las actividades extractivas realicen trabajos de restauración ambiental.

Castroviejo se lamenta de este atropello medio ambiental y sospecha que no será el último. «Veremos más ejemplos como este de Oville, con ese interés que hay ahora por buscar tierras raras de las que León está plagado, o con la proliferación de proyectos fotovoltaicos. Luego si viene una multa de Unión Europea, a ver si la paga la Junta o la paga la empresa. Pues no, para nada, la vamos a pagar todos con nuestros presupuestos», afirma.

Ninguno de los pocos vecinos que quedan en Oville está a favor de la mina. «Antes de que empezaran a explotarla por primera vez, esto era zona de cría de muchas especies, como el alimoche. Cuando empezaron con las explosiones todas estas especies marcharon, porque esto era insoportable, cada vez que llovía bajaban de la montaña ríos de deshechos de la mina que iban a parar al pueblo, contaminado todo a su paso», recuerda un vecino del pueblo que, como el resto, no quiere que nada de eso vuelva a suceder, sobre todo ahora, que ha vuelto a criar una pareja de alimoches en esta montaña. Además, consideran que la única ganadería de extensivo que queda en la zona, tendría que cerrar, ya que la actividad minera es «totalmente incompatible, ya que las vacas no podrían aguantar a las explosiones y al trajín de camiones por la zona».

Los vecinos, que se han constituido bajo la plataforma Oville Montaña Limpia, ya se han puesto en manos del prestigioso despacho de abogados especializado en temas de medio ambiente Ecourban. Su objetivo, llegar hasta el final para proteger su bien más preciado, su patrimonio natural.

Por su parte, el servicio de Evaluación Ambiental de la Junta de Castilla y León confirma que el proyecto Paz II cuenta con la DIA de 2003 vigente, ya que pese a la inactividad de la mina, la empresa ha presentado los planes de labores de los años 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2021, 2023 y 2024. Respeto a la carretera, denominada pista alternativa de acceso a las labores de explotación, indican que se sometió a evaluación de impacto ambiental simplificada, y cuenta con formulación del informe de impacto ambiental publicado en el BOCYL de 9 de octubre de 2024 y modificado el 25 de noviembre de 2024.

Villa: «No nos vamos a oponer si se cumple la legislación»

Pepe Villa, alcalde de Boñar, municipio al que pertenece Oville, ha declarado que lo único que puede hacer el Ayuntamiento es «velar porque se cumpla toda la normativa ambiental». Villa asegura que como administración local «no nos podemos oponer a nada, ya que no tenemos competencias para impedir que se conceda la autorización del proyecto». Además, considera positivo que la empresa concesionaria haga una carretera para evitar el tránsito de camiones por Oville, «algo que no íbamos a consentir», que cuenta con el visto bueno de la Junta desde el punto de vista medioambiental. Por último, el alcalde dice que de llevarse a cabo la reapertura de la mina, exigirán a la empresa la construcción de una planta transformadora en el municipio con la creación de al menos 30 puestos de trabajo.