Cronología de una tragedia anunciada: la denuncia de Victorino Alonso que predijo el accidente de Cerredo 19 días antes de la muerte de los 5 mineros

La tragedia minera que sacudió a España el pasado lunes, con el fallecimiento de cinco mineros leoneses tras una explosión en la mina de Cerredo, pudo haberse evitado. Promining, empresa vinculada al empresario minero leonés Victorino Alonso, anterior propietario del yacimiento y actualmente en régimen semiabierto en un Centro de Inserción Social tras pasar por la cárcel de Soto del Real, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía y las autoridades asturianas exactamente 19 días antes del fatal accidente, alertando sobre lo que calificaban como una "extracción ilegal" de carbón encubierta bajo la apariencia de una investigación de grafito.

Según la documentación a la que ha tenido acceso La Nueva España, el pasado 12 de marzo Promining remitió un detallado informe tanto a la Dirección General de Minas del Principado como al Instituto de Transición Justa. En dicho documento, la empresa calificaba de "burdo engaño" la pretensión de Blue Solving, actual explotadora, de extraer grafito del yacimiento, considerándolo un "fraude" destinado a encubrir la extracción carbonífera que contraviene el cierre establecido por las normativas europeas.

Belarmina Díaz, consejera de Transición Ecológica del Principado, ha confirmado que la denuncia fue trasladada a Blue Solving, pero insiste en que "nunca se detectó actividad anormal" en las inspecciones realizadas. Esta declaración contrasta frontalmente con el contenido de la denuncia, que solicitaba expresamente la anulación de todas las autorizaciones concedidas a la explotación.

Las inconsistencias técnicas que delataban la presunta actividad ilegal

El informe presentado por Promining a la Fiscalía desarrolla un minucioso análisis técnico que cuestiona la viabilidad del proyecto de grafito. Según detalla, la fabricación de este material puede obtenerse de "coque de petróleo, coque de brea, hulla o grafito de una determinada granulometría, materiales todos ellos que no existen en el yacimiento de Cerredo". La denuncia va más allá y afirma categóricamente que "los posibles métodos para la obtención de grafito ni están ni se les espera en la planta de tratamiento" y que ninguna de las variedades de este mineral "está presente en el yacimiento", recoge La Nueva España.

El documento firmado por Miguel Faustino Martínez Miguélez en representación de Promining sostiene que "lo que se está haciendo en Cerredo es lisa y llanamente una explotación de carbón, sobre macizos que quedaron sin explotar en la antigua mina", destinando el producto extraído al "grano para calefacciones y el 'menudo', tras mezclarlo con otros carbones, para usos industriales".

Resulta especialmente preocupante que el Principado haya confirmado que Blue Solving operaba con un permiso de "achatarramiento" en el denominado "piso 3º del Mangueiro", zona distinta de aquella donde tenía autorización administrativa para investigar grafito (piso 1º). Sin embargo, según la denuncia, la explosión se produjo mientras "se estaba llevando a cabo la explotación de la capa Z, en encerrado y sin circuito de ventilación", contraviniendo la legislación minera que obliga a disponer de sistemas de aireación secundaria.

Indicios previos y condiciones de seguridad cuestionables

Uno de los aspectos más alarmantes revelados por la denuncia es la mención a presuntos problemas de seguridad que ya habrían manifestado síntomas anteriormente. El documento afirma que trabajadores de la mina habían sufrido "mareos en días previos" al accidente debido a la presencia de gas, situación "no sorprendente" considerando que la explotación, ubicada a más de 1.000 metros de profundidad, aparentemente carecía de ventilación secundaria adecuada, sostiene el mismo periódico.

La ventilación, según describe el informe, se realizaba mediante "una turbina de aire comprimido de diámetro 150 milímetros" que, lejos de tomar aire fresco del exterior, recirculaba "aire viciado desde las galerías del interior". La denuncia sugiere que los supervivientes de la tragedia "deberían poder confirmar estos extremos", planteando así una línea de investigación crucial para esclarecer las circunstancias del accidente.

Las cifras de la tragedia son contundentes: 5 mineros fallecidos, 1,6 millones de euros en subvenciones recibidas por la empresa para un supuesto proyecto de grafito, y 19 días transcurridos entre la presentación de la denuncia y el fatal desenlace que ha conmocionado al sector minero español.

Reacciones políticas e investigaciones en curso

La oposición en Asturias ha expresado su profunda preocupación ante lo que considera un caso "muy grave" con múltiples incógnitas por aclarar. Izquierda Unida ha manifestado su indignación por el retraso de la Consejería de Minas en detectar una denuncia remitida por un vecino ya en 2023, que aparentemente alertaba sobre irregularidades similares.

El caso trasciende los límites autonómicos, pues la denuncia también señala intentos similares por parte de empresas vinculadas a Blue Solving para abrir otra supuesta "investigación de grafito" en Laciana (León). Esta solicitud, formulada por Cristal Mining, otra sociedad de los mismos propietarios, estaba siendo tramitada por la Junta de Castilla y León, que ya ha anunciado la paralización del proceso hasta realizar las comprobaciones pertinentes.

En su conclusión, la denuncia señala "la inexplicable, o quizás no tanto, permisividad de las autoridades competentes" ante lo que describe como "una mina a cielo abierto que se hace pasar por subterránea" y de la que "salen camiones desde hace años". "Con todos los antecedentes que se han expuesto, no es entendible que nadie tomara cartas en el asunto", sentencia el documento presentado este miércoles ante la Fiscalía.