Asturias constituye la comisión de investigación de Cerredo
Abordará la gestión del servicio de Minas del Principado
Vista de la bocamina cerrada en la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña.
El parlamento asturiano ha constituido este jueves la comisión que investigará el accidente de la mina de Cerredo en el que cinco trabajadores leoneses perdieron la vida a causa de una explosión el pasado 31 de marzo.
La creación de esta comisión especial fue propuesta por PP y Foro Asturias y contó con el apoyo de Vox y de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé (exparlamentaria de Podemos), con lo que su puesta en marcha estaba garantizada al sumar estos grupos mayoría.
Ante esta circunstancia, las fuerzas que sustentan al gobierno autonómico, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, decidieron el pasado 23 de abril no emitir criterio contrario a la constitución de la comisión pese a considerar que «solo obedece a un interés partidista que será aprovechado por la extrema derecha», cuestión que comparte el presidente del Principado, Adrián Barbón.
La comisión, que será presidida por la diputada Covadonga Tomé, deberá diseñar ahora su plan de trabajo y concretar la solicitud de comparecencias para investigar las circunstancias en las que se produjo el accidente, así como la gestión realizada desde el servicio de minas del Principado.
Mientras tanto, la Junta de Castilla y León ha mantenido este jueves que no concederá permisos para reabrir instalaciones mineras en Laciana (León) mientras la empresa Cristal Mining Coal, propiedad del mismo titular de la mina donde hace unas semanas murieron 5 mineros leoneses en un accidente, siga sin responder al requerimiento de documentación que le solicitó en diciembre pasado. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha incidido en que la empresa sigue sin aportar la documentación requerida, por lo que ha garantizado que no recibirá autorización si no cumple con los requisitos de «máxima seguridad» que exigen este tipo de procedimientos.
Las pesquisas apuntan a que el accidente se produjo por una explosión de gas grisú cuando la empresa que gestionaba la mina, Blue Solving, podría estar extrayendo carbón de manera irregular.
Blue Solving tenía desde el pasado verano una licencia para investigar en el nivel uno de la mina de Cerredo usos minerales para hacer grafito, y otra para recuperar viejas estructuras y chatarra en el nivel tercero, en el que tuvo lugar la explosión, pero en ningún caso tenía permiso para explotarla para sacar carbón. La comisión parlamentaria constituida en la Junta General del Principado es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas del accidente en el que fallecieron los cinco mineros, todos ellos leoneses. En la vía judicial, en la que tanto Gobierno del Principado como los sindicatos han anunciado que se personarán como acusación particular, el Juzgado de Cangas del Narcea es el encargado de llevar las diligencias. Además, la Inspección General de Servicios del Principado ha iniciado una auditoría del trabajo realizado desde el área de Minas de la administración autonómica, mientras que la Comisión Regional de Seguridad Minera ha constituido su propia comisión de investigación desde un punto de vista técnico. En el ámbito político, la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, presentó el pasado 14 de abril ante Barbón su dimisión irrevocable ante los ataques recibidos desde la oposición y con el objetivo de no ser un obstáculo para la investigación, según explicó cuando hizo el anuncio.