El grupo popular denuncia que Diputación paga "sin contrato" el alquiler de una nave para los bomberos
Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León.
El PP ha denunciado este martes que la Diputación de León está pagando "sin contrato en vigor" y desde enero de 2022 el alquiler de una nave en el polígono industrial de Villacedré para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis), han informado fuentes de ese partido.
El PP ha explicado que la institución provincial tramita el pago de las facturas de este alquiler a través de la fórmula de 'reconocimiento extrajudicial de crédito' por un importe de 1.815 euros mensuales.
Las últimas facturas, gestionadas a través del este sistema, han pasado ya la Comisión de Hacienda de este mes e irán al pleno de julio e incluye el pago de los alquileres de abril y mayo por un importe de 3.630 euros.
Tal y como refleja el informe del interventor de la Diputación se trata de "la prestación de un servicio que se sigue prestando aunque se ha agotado el período de vigencia del contrato que lo respaldaba" que caducó el 12 de enero de 2022, ha criticado el PP.
Esta situación demuestra, una vez más, a juicio de los populares, "la inacción y la falta de gestión" por parte de la Diputación, cuyo responsable es el vicepresidente cuarto y diputado de Protección Civil y Servicio Provincial de Extinción de Incendios, Luis Alberto Arias, por cuanto "no se ha legalizado la situación a través de un nuevo contrato".
El acuerdo formalizado entre la Diputación y el arrendador se suscribió por un período de un año, previéndose tres posibles prórrogas anuales, de año en año, previo acuerdo expreso del órgano de contratación y previa conformidad del propietario de la nave industrial.
El contrato ya finalizado como recoge el documento del interventor para la Comisión de Hacienda celebrada esta semana, muestra que "no se ha autorizado previamente la primera prórroga prevista en los pliegos, ni la conformación del arrendador por escrito, pero también sin que se produjera la denuncia previa ni la notificación con la antelación prevista del desalojo".
El citado documento también refleja la necesidad de una nave o edificio industrial en el que poder estacionar los vehículos, disponer del control sobre los mismos y poder realizar las operaciones de mantenimiento que requieran mientras se tramita "el expediente de contratación del nuevo arrendamiento", ha añadido el PP.
"Se trata de la prestación de un servicio que se sigue prestando, aunque se ha agotado el período de vigencia del contrato que lo respaldaba", han concluido los populares.