La Junta y las opas exigen al Ministerio que desbloquee la situación legal del lobo
Reclaman remitir a Bruselas el informe que avala la conservación favorable del lobo
Según los últimos cambios normativos, el lobo ya no es una epsecie estríctamente protegida.
La Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) han reclamado formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que cumpla con sus obligaciones y remita a la Comisión Europea el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo correspondiente al periodo 2019-2024, aprobado el pasado 14 de julio por la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad. El documento concluye que la especie presenta un estado de conservación favorable tanto en la región atlántica como en la mediterránea, una circunstancia clave para desbloquear la gestión de la especie en España.
Pese a que el plazo para su remisión finalizaba el 31 de julio de 2025, el Ministerio no ha trasladado aún el informe a Bruselas, manteniendo de facto al lobo en un escenario administrativo de conservación desfavorable. Esta situación impide aplicar medidas de gestión y control, incluso tras los recientes cambios normativos aprobados a nivel europeo y estatal.
Según han expuesto Junta y opas, el retraso se ha justificado por parte del Miteco en la necesidad de evaluar la posible afección de los incendios forestales sobre las poblaciones de lobo. Sin embargo, ambas partes consideran que este argumento carece de base técnica y jurídica, ya que el informe sexenal abarca exclusivamente el periodo 2019-2024 y no incluye el año 2025, por lo que no procede incorporar dichos análisis para demorar su envío.
La reclamación se produce en un contexto de importantes modificaciones legales. Durante 2025 se ha reformado la Directiva Hábitat de la Unión Europea, incorporando todas las poblaciones de lobo al anexo V, lo que permite a los Estados miembros adoptar medidas de gestión. En paralelo, la aprobación en España de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, excluyó a las poblaciones de lobo al norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), y estableció la exclusión automática de las del sur del Duero una vez se produjera la modificación de la Directiva.
Con estos cambios, todas las poblaciones de lobo en Castilla y León, tanto al norte como al sur del Duero, han quedado incluidas en el anexo V de la Directiva Hábitat, lo que abre la puerta a su gestión. No obstante, la Junta recuerda que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de julio de 2024 establece que, con independencia del anexo en el que se encuadre la especie, no se pueden autorizar capturas si el estado de conservación es desfavorable según los informes sexenales.
De ahí la importancia del informe aprobado en julio, que concluye de forma que el estado del lobo es favorable. Conforme a la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, este documento debía haberse elevado previamente a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente antes de su envío a la Comisión Europea. Sin embargo, tras aprobarse el informe en contra del criterio del propio Ministerio, la Conferencia Sectorial fue desconvocada y no ha vuelto a reunirse.
El Ejecutivo autonómico se comprometió además a revisar y actualizar en las próximas semanas los baremos de los pagos compensatorios por daños de lobo, aprobados en 2023. El objetivo es adaptarlos a la evolución actual de los precios de mercado y mejorar la cobertura económica para los ganaderos afectados. Para ello, se convocarán nuevas reuniones técnicas de trabajo que permitan avanzar en la definición de los nuevos baremos.