Un superviviente de la tragedia de Cerredo celebra la imputación de los gestores
El minero lacianiego se encuentra aún en recuperación un año después de la tragedia
Guardias civiles en la bocamina de Cerredo, en Asturias, donde ocurrió el accidente el 31 de marzo.
La imputación de los gestores de la explotación minera de Cerredo por parte del Juzgado de Primera Instancia de Cangas de Narcea ha sido valorada por uno de los supervivientes, residente en Laciana, quien se ha mostrado de acuerdo con las imputaciones del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como ‘Chus Mirantes’, su esposa Ana María Rodríguez, su hijo Adrián Rodríguez y el director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas. «Me parece bien que se les investigue. ¿A quién se le ocurre abrir una mina y sacar carbón sin permiso? A ellos», afirma, en referencia a los investigados y subrayando la sensación de desprotección con la que trabajaban en la mina en el momento del accidente.
El superviviente no espera ser llamado a declarar de nuevo en el corto plazo, tras haber prestado ya testimonio hace meses para esclarecer los hechos. Sin embargo, las secuelas psicológicas del suceso permanecen presentes. Tras un año de recuperación, reconoce que las imágenes del accidente siguen acudiendo a su memoria de forma recurrente, concluyendo con una reflexión sobre la fortuna de haber sobrevivido: «Pienso que no me tocaba allí y por eso me salvé».
Delitos de homicidio
A punto de cumplirse un año del siniestro que se cobró la vida de cinco mineros y dejó otros cuatro heridos, el proceso judicial avanza y sobre los cinco investigados pesan cinco presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y otros cuatro de lesiones, una decisión que busca depurar responsabilidades sobre las condiciones de seguridad en las que se encontraba la explotación en marzo de 2025.
La investigación judicial se centra en las graves irregularidades administrativas y de seguridad que rodearon la reapertura de la mina. Según los informes técnicos preliminares, el accidente se produjo en una zona de la explotación que carecía de las autorizaciones pertinentes para la extracción de carbón. El magistrado investiga si los responsables ignoraron deliberadamente los riesgos geológicos y las advertencias de seguridad, permitiendo el acceso de los trabajadores a una galería que no cumplía con los estándares de sostenimiento necesarios.