El dictamen definitivo de Cerredo sostiene la responsabilidad de cuatro exconsejeros
Todos los grupos excepto el PSOE votan a favor del documento en la comisión asturiana. El texto, que reclama dimisiones y exige ayudas a las familias, queda en manos del pleno del Parlamento
Reunión de la comisión parlamentaria de investigación del accidente de la mina de Cerredo.
La comisión parlamentaria de investigación del accidente minero de Cerredo en el que fallecieron cinco trabajadores leoneses en marzo de 2025 ha aprobado este lunes el dictamen definitivo, un documento que mantiene el señalamiento de responsabilidades políticas y que también pide la concesión de ayudas a las familias de las víctimas. Una vez aprobado en el seno de la comisión por parte de PP, Vox, Convocatoria por Asturias-IU y el Grupo Mixto, y el único rechazo del PSOE, ahora se abre un plazo de 15 días para la presentación de votos particulares, con la previsión de que el documento pueda ser aprobado en el pleno del Parlamento asturiano a finales de junio, ha apuntado la presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.
El dictamen mantiene la exigencia de responsabilidades políticas para cuatro exconsejeros de Industria del Gobierno asturiano, que según el documento deben conllevar ceses y dimisiones de sus actuales responsabilidades, así como para tres altos funcionarios de la administración autonómica.
Se trata de los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, ambos exconsejeros de Industria. También figura la exconsejera del ramo Belarmina Díaz, que dimitió del cargo días después del accidente, así como el director del área de Infraestructuras Industriales del Instituto de Desarrrollo Económico del Principado de 2020 a 2023 y viceconsejero de la Consejería entre 2023 y 2025, Isaac Pola. Entre las personas a las que se propone reprobar se incluyen tres funcionarios: Alberto Quirino (Jefe de Sección, Santiago Berjano (Jefe de Servicio) y Gonzalo Martín (Secretario general técnico).
El texto final del dictamen aprobado considera que las siete personas mencionada tienen que ver directamente por acción u omisión con el clima de fallo sistémico que se generó, según sostiene la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Los impulsores del dictamen esperan que Roqueñí y Fernández sean cesados de sus cargos públicos. En cuanto a los funcionarios, Tomé ha comentado que lo ideal sería que no volvieran a ocupar cargos de responsabilidad, al menos en un periodo determinado.
Además, plantea la necesidad de conceder ayudas a las familias de las víctimas tanto del siniestro registrado el pasado año, todos ellos leoneses, como de otro que tuvo lugar en la misma explotación en 2022 y en el que murió un trabajador y otro quedó gravemente herido.